El consumo de alcohol es una de las principales causas de muerte y morbilidad evitable a nivel global. En Chile, una de cada 10 muertes en personas de 15 años y más, es atribuible a su consumo, lo que implica 9.500 muertes anuales.
Más de 35 personas fallecieron por esa causa solo en el fin de semana de fiestas patrias.
Los Estudios Nacionales de Drogas en Población Escolar realizados por Senda, muestran que alrededor de un 35,6% de la población infanto-adolescentes de 13 a 18 años de edad declara haber consumido alcohol en el último mes, cifra que aumenta a 45,8% en colegios particulares pagados. De ellos, un 62,8 % presenta consumo de riesgo, reconociendo haber consumido cinco o más tragos en una misma ocasión. Este patrón de uso es particularmente nocivo en población joven, quienes son los más expuestos a accidentes, lesiones y delitos que producen un gran impacto sanitario y social.
Por otra parte, la prevalencia de consumo intenso es significativamente menor en estudiantes que reportaron una alta percepción de riesgo para embriaguez vs. los que no tienen esa alta percepción de riesgo, y entre aquellos que reconocen que no tienen amigos que consumen alcohol vs. los que reconocen que sí tienen amigos que consumen alcohol.
En otras palabras, los menores consumen menos o no consumen alcohol si perciben un riesgo asociado al trago en el mensaje social, familiar o del entorno escolar – toman conciencia – lo que a su edad es difícil. Los menores (adolescentes) no tienen la madurez para percibir adecuadamente el límite de lo inapropiado o lo insalubre o peligroso. Imagine entonces de qué sirven los mensajes preventivos si en el centro de Rancagua los menores admiran a la salida de su colegio un Bar que promociona el alcohol adornado con música y baile.
Existen múltiples estrategias para disminuir el consumo de alcohol en la población, entre ellas las campañas de comunicación masiva, la prevención en población escolar o laboral, y la detección temprana e intervención breve de personas con consumo de riesgo.
Pero son las políticas nacionales como una ley de la República, que apunta a regular la disponibilidad y el acceso al alcohol son las que tienen mayor impacto comparadas con las acciones puntuales. Algunas de éstas, basada en la “Estrategia Mundial para Reducir el Consumo Nocivo del Alcohol” de la Organización Mundial de la Salud son disminuir el número y la densidad de locales que expenden alcohol; regular los días, ubicación y el horario de apertura de los puntos de venta; impedir la venta a personas ebrias y menores de edad, exigiendo responsabilidad a vendedores y camareros de bares y restaurantes; aumento de multas a locales que vendan alcohol a menores y eliminación de la publicidad relacionada con actividades deportivas y escolares.
Actualmente existe una ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Por moción parlamentaria, esta ley se encuentra en discusión en el Senado. Los articulados que se discuten corresponden a las recomendaciones de la OMS. Dicha norma en comento contiene disposiciones que prohíben toda publicidad de alcohol en las cuadras aledañas a un colegio. Pero, es que acaso ¿deben las autoridades municipales esperar la dictación de una ley para aplicar normas ya existentes y de pura lógica y sano juicio?
Como región tenemos una gran responsabilidad en la prevención de las drogas como pasta base y cocaína, pero también de las drogas legales como el alcohol y tabaco. Las familias tienen un rol activo. Los municipios, las organizaciones sociales, las industrias y el comercio en su responsabilidad social, y por supuesto, nuestra responsabilidad como agentes del Estado de promover iniciativas e implementar políticas orientadas a proteger a la población y especialmente a nuestros niños y jóvenes.
Alberto Ortega
Defensor Regional
O’Higgins
