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Experto afirma que las últimas multas aplicadas a las empresas eléctricas no conseguirán disminuir los cortes de luz

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El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Verdejo, sostiene que la infracción cursada por más de $9 mil millones a diez distribuidoras por los cortes de luz de junio es demasiado baja, sobre todo si se consideran las utilidades que perciben estas empresas.

El académico propone establecer como condición de las futuras concesiones de suministro energético, que las compañías se comprometan a mejorar su infraestructura con la asignación de montos anuales, sin que el costo de la inversión se traspase a los clientes.

 

 

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a 10 empresas de distribución eléctrica por los cortes de luz que afectaron a más de 300 mil familias tras el temporal que afectó a la zona centro sur de Chile a mediados de junio. El monto total de la infracción fue de $ 9.152 millones.

 

Para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Verdejo, la sanción económica es demasiado baja si se considera como parámetro las utilidades que perciben las compañías suministradoras, particularmente aquellas que tienen adjudicadas zonas de concesión.

 

Además, el experto prevé que el monto de estas multas podría incluso disminuir, ya que las empresas todavía tienen un plazo de 15 días hábiles para apelar a esta resolución. Según argumenta Verdejo, la infracción no logrará impedir que las empresas incurran en estas fallas en el futuro. “La solución no va por el lado de penalizar y multar a las empresas, sino que es necesario obligarlas legalmente a que refuercen sus inversiones para asegurar la seguridad y la calidad del suministro”, sostiene.

 

Modificar la regulación

 

De acuerdo al doctor en ingeniería eléctrica, para revertir los cortes es necesario que las autoridades cambien la regulación actual mediante reglamentos más exigentes. Es así como propone que la normativa debe determinar que las empresas distribuidoras inviertan montos anuales para mejorar su infraestructura eléctrica en aquellos lugares más expuestos a los frentes de mal tiempo u otros eventos climáticos.

 

“Es importante modificar el marco regulatorio, para que la empresa efectivamente realice las inversiones, a fin de que estos eventos no se vuelvan a repetir. Asimismo se debe asegurar que el costo de esa inversión no se traduzca en un incremento directo de las tarifas de los clientes”, afirma.

 

Para lograr esta implementación regulatoria, el académico propone que la condición respecto a la inversión en infraestructura se establezca al momento de que el Estado adjudique las zonas de concesión.  Es decir, que las eléctricas se comprometan con “un valor anual de 20, 30 o 40 millones de dólares anuales, solo para infraestructura futura, con el fin de reforzar el sistema de distribución”.

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Diario El Cachapoal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.
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