Los actores políticos tradicionales se encuentran, desde hace un tiempo, desacreditados en nuestro país, lo cual no es un fenómeno exclusivo de la sociedad chilena sino más bien un fenómeno global. Las causas son múltiples, pero existe consenso que el aumento y visibilización de actos de corrupción, en los cuales están involucrados algunos miembros de la clase política, son algunos de los principales motivos por los cuales los ciudadanos desconfían de los ‘políticos’.
En Chile, desde hace unos años, nos hemos visto impactados por una diversidad de actos de corrupción donde dirigentes políticos se han convertido en figuras centrales. Me refiero, principalmente, a los que dicen relación con el financiamiento ilegal de la política. Pero no hay que olvidar que también hemos atestiguado estos hechos donde los involucrados no han sido ‘políticos’, sino que empresarios, uniformados e incluso dirigentes deportivos. La colusión en la industria de papel higiénico, el ‘milicogate’, el ‘pacogate’ y el escándalo de la anfp son ejemplos donde la clase política es espectadora y no protagonista de estos escándalos delictivos.
Sin embargo, estos últimos días hemos escuchado de situaciones en un municipio de nuestro país donde no solo habría actos de corrupción, sino más bien un ‘estado de corrupción’. Incluso, según los antecedentes que se están investigando, habría relaciones entre algunas autoridades de ese municipio con bandas de narcotraficantes. Independiente de los resultados de las pesquisas y de lo que determine los tribunales de justicia, gran parte de los ciudadanos tiene una opinión crítica sobre las autoridades locales involucradas, reforzando con ello la mala percepción que existe sobre los ‘políticos’.
No cabe duda que dentro de nuestro sistema político existe el temor y la preocupación de que la actividad política se vea involucrada con el narcotráfico, pues generaría las condiciones para pasar de ‘actos’ de corrupción a un ‘estado’ de corrupción. De ahí la importancia que tienen las medidas adoptas por el Partido Socialista al expulsar a uno de sus militantes y de suspender la militancia de otros, incluido uno de los vicepresidentes de esta colectividad —quien es la máxima autoridad comunal de la alcaldía en cuestión— hasta que los tribunales establezcan los hechos, delitos y responsables.
Esperemos que este estándar ético que han fijado los socialistas y que exige la ciudadanía, no se relativice con el transcurrir del tiempo, sino que más bien se consolide y se haga transversal al sistema político chileno.
