¿Hay alguna razón para que el valor de la productividad del parlamento chileno sea inferior en 49,89 % a la del resto de los trabajadores del país? Económicamente ninguna, ¿Éticamente? Tampoco. ¿Políticamente? Inaceptable. Tan cierto es que el número de parlamentarios avergonzados por obtener ingresos que superan con creces esta improductividad va en aumento, pero no tienen coraje para acabar con tal privilegio. Aquí va una estimación, independiente de lo que digan las leyes…aprobadas por ellos mismos.
Cada uno de los 155 diputados y 50 senadores reciben como remuneración una dieta de $ 9,1 millones mensuales, 34 veces superior al salario mínimo, compartiéndola con los más ricos el décimo decil de la distribución del ingreso. Existe una discusión en torno a los $ 9.7 millones mensuales adicionales que recibe cada diputado y $ 22,5 millones cada senador para cubrir sus gastos laborales, valores que los determina un comité de cinco personas, tres de los cuales son ex parlamentarios (la ley permite solo dos). En total los diputados reciben $ 296 millones anuales y $ 379 los senadores más el uso gratuito de las instalaciones. Tales rentas explican la negativa del Senado por dar a conocer los informes escritos u orales que contratan, aunque la ley de la transparencia lo obligaría por tratarse de documentos públicos pagados con recursos tributarios de todos los chilenos.
Al margen de los que las leyes hayan establecido, desde el punto de vista económico, la dieta y su generoso complemento deben estar en íntima correlación con la productividad del trabajo para el cual fueron elegidos. No hay nada que justifique un régimen laboral parlamentario diferente y menos aún discrecional y privilegiado respecto de un ciudadano común. Más aún, si tan solos se requiere haber completado la educación media y ser mayor de 21 años en el caso de los diputados y 35 los senadores.
Para los chilenos activos, el año tiene 52 semanas. Tres corresponden a vacaciones y dos más que suman los feriados legales, en total 5 semanas, por lo que las semanas laborales son 47. Sin embargo, los parlamentarios tienen una semana más al año (todo el mes de febrero) por vacaciones y 12 semanas que le llaman “distrital” para que vayan a su zona a visitar a sus votantes locales. De esta manera, sólo destinan 35 semanas anuales a legislar o fiscalizar cuando políticamente lo acuerdan. En total, equivalente al 74,47 % del tiempo laboral de los ciudadanos comunes que los financian.
Hay más. La legislación del trabajo establece que la semana laboral es de 45 horas semanales, pero el parlamento sesiona solo martes, miércoles y jueves y excepcionalmente lunes o viernes. La TV suele mostrar imágenes con un notorio número de asientos vacíos. Invitados a exponer a las comisiones, han constatado con sorpresa que la sesión se inicia con la firma de asistencia y posteriormente hay diputados que se retiran quedando registrados como asistentes. De todo esto resulta una productividad semanal igual al 60 % de lo que trabaja cualquier persona (3 de 5 días). Como además trabajan anualmente el equivalente al 74,47 % del año laboral de un ciudadano común (35 de 47 semanas), la productividad parlamentaria solo llega al 67% del 74,47 %, esto es 49,89 % de las del resto de un chileno común.
De aquí se desprende, en razón de la equidad laboral, el ingreso de un diputado deber ser el 48,49 % de lo actualmente nos cuesta. Esto es, una dieta de $ 12.306.200 mensuales. Ni un peso más. ¿Y los senadores? Lo mismo. Nada hay que justifique ingresos mayores para gastar en estudios. ¿Son acaso más inteligentes y productivos que un diputado?
Parte del disgusto ciudadano por la clase política se debe a este “abuso” reconocido ahora por ellos mismo. Podrán argumentar que su costo es igual al de un ministro del ejecutivo o un ministro de corte. No es así. Los jueces trabajan igual que el resto y las autoridades del ejecutivo, presidente y ministros están disponible 24 horas y 365 días por año.
