Para Amnistía Internacional es posible realizar un pequeño “gesto” en el mundo digital que ayude a impulsar un cambio en el mundo real.
Este miércoles 16 de octubre, Amnistía Internacional realizará un punto de prensa para lanzar su campaña “Mi Gesto” (www.migesto.com ) a través de la cual busca recolectar firmas en adhesión a la Carta Abierta enviada el pasado mes de mayo a candidatas y candidatos presidenciales. Con esta Carta Amnistía Internacional pide a las y los presidenciables que incorporen los derechos humanos en sus programas de gobierno.
Para recolectar la mayor cantidad de firmas, la organización presentará una aplicación para teléfonos móviles a través de la cual las personas podrán acceder a la Carta y firmarla. Pero también presentará una página Web en la que no sólo podrá adherir a la Carta sino también jugar con la propuesta descargando una serie de materiales.
Para Amnistía Internacional es posible realizar un pequeño “gesto” en el mundo digital que ayude a impulsar un cambio en el mundo real.
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Compromisos de la Carta Abierta:
1. Institucionalidad y derechos humanos. Ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran pendientes y asegurar que el Estado de Chile dé debido cumplimiento a las obligaciones que surgen de estos tratados, asegurando, entre otras cosas, que la legislación vigente se encuentre debidamente alineada con las normas de derechos humanos contenidas en estos tratados internacionales.
2. Fin a la impunidad. Adoptar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar verdad, justicia y reparación respecto de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos sucedidas en Chile, tanto aquellas ocurridas en el periodo 1973-1990, como también aquellas ocurridas durante los gobiernos democráticos y en el presente. Esto incluye, entre otras cosas, la anulación del Decreto Ley de Amnistía y la modificación de la competencia de los tribunales militares, para que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y carabineros sean investigadas en tribunales ordinarios.
3. Protesta social y derechos humanos. Garantizar que en Chile exista pleno respeto y protección al derecho a la libertad de expresión, el derecho a reunión y otros derechos vinculados con las manifestaciones sociales, asegurando que el control del orden público no implique represión o vulneración a dichos derechos. Asegurar que no se dictarán legislaciones que creen tipos penales amplios o ambiguos, ni que generen restricciones desproporcionadas al ejercicio de derechos humanos.
4. Derechos de los pueblos indígenas. Asegurar el pleno respeto y protección a los derechos de los pueblos indígenas de Chile, adoptando medidas apropiadas y alineadas con los estándares internacionales para asegurar estos derechos, incluyendo medidas para implementar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Garantizar la seguridad de las comunidades que reclaman sus derechos y quienes viven en su entorno y asegurar el derecho a la protesta social sin temor a represalias o a un actuar violento por parte de las policías.
5. Derechos sexuales y reproductivos. Asegurar que los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y las niñas, se encuentren debidamente protegidos en Chile, incluyendo acceso a información y educación, acceso a servicios de salud, anticoncepción y anticoncepción de emergencia. Avanzar hacia la derogación de legislación que permite criminalizar a las mujeres y niñas por solicitar o someterse a un aborto y tomar medidas que permitan abortos legales y seguros en caso de violación y peligro de vida o salud de la madre.
6. No discriminación. Asegurar el cumplimiento pleno de las normas de derechos humanos y la Ley Antidiscriminación, a través de medidas que garanticen la prevención y protección contra la discriminación, considerando todas las categorías protegidas por la ley. Asegurar que no existan flancos de discriminación o de desprotección contra la discriminación, insertos en la legislación chilena actual o futura. A modo de ejemplo, esto incluye las reformas necesarias para una plena igualdad de todas las parejas en materia de unión o matrimonio civil, sean de diferente o del mismo sexo, y la revisión de la normativa sobre migraciones de manera de incorporar un estatuto de derechos de las personas migrantes de acuerdo a los estándares internacionales.
