La Concertación y el PC sostienen que la Constitución de 1980 carece de legitimidad por haber sido aprobada mediante un plebiscito convocado durante el gobierno militar, a pesar de las numerosas modificaciones introducidas bajo los gobiernos concertacionistas, en particular, las promulgadas por del ex presidente Lagos.
¿Qué es lo legítimo? Según la Real Academia Española es un acto realizado conforme a las leyes o la moral. En el caso del plebiscito de 1980 habría que cuestionar su legalidad, pero no se puede cuestionar la promulgada por Lagos ¿Respecto a la moral? Negársela equivaldría a acusar al ex Presidente y al Congreso de la época como inmorales.
Las nuevas autoridades recientemente elegidas, así como también los votos marcados con AC, podrían ser calificados como carentes de legitimidad porque la ley electoral emana de la Constitución de 1980 y porque la democracia exige que los representantes de la ciudadanía deben ser elegidos por mayoría de votos.
Las reformas a la ley electoral establecieron la inscripción y voto voluntario con lo que los ciudadanos con derecho a voto ahora suman 13.573.143. En la elección de Noviembre Bachelet obtuvo el 62,26% o 3.278.427 votos de un total de 5.265.705 válidamente emitidos que a su vez corresponde a 38,79% de los ciudadanos que concurrieron a las urnas, por lo tanto Bachelet ha sido elegida con la voluntad de apenas el 24,15% de los ciudadanos, una relevante minoría que obliga a los sustentadores de la tesis de la legitimidad a desconocer su elección. ¿Estarán dispuestos? En el caso de los AC que contabilizaron no más del 10% como sostienen ellos (526.571), representando tan sólo el 3,88% de los ciudadanos con derechos a voto, mayor aún su ilegitimidad. Pero no solamente estaríamos acéfalos de Presidente. La votación parlamentaria habría sido del orden de 36% de los ciudadanos con derecho a voto. Hubo parlamentarios que fueron elegidos con menos del 20% o no más del 8 % de los votantes, lo que haría ilegítimo al nuevo parlamento.
Si la teoría de la ilegitimidad sostenida por la Concertación es correcta, estamos en una democracia sin gobierno ¿Qué hacer?
Volver al sistema de voto obligatorio es la solución del avestruz. Esconder la cabeza ante una realidad, 61% de los ciudadanos se recusan a votar por los candidatos, lo que también se constata con los estudios de opinión que revelan que una inmensa mayoría, por sobre el 80%, no confía en los representantes de la democracia. De ahí que se requiera un cambio en la ética de los políticos y de los partidos políticos, de otra manera siempre estará cayendo sobre ellos el pecado original de ilegitimidad. No se trata de anular los resultados de las elecciones porque sería el caos. Lo que procede no es una mera declaración de los políticos que prometen ser honestos y fieles servidores públicos sino que debe establecerse medidas con deberes y sanciones ejemplares cuando no se cumplan. No es la Constitución la responsable sino el abuso de los políticos en el ejercicio del poder.
Javier Fuenzalida A.
Profesor, U. Finis Terrae
