Amnistía Internacional da la bienvenida a la sentencia que condena a 75 ex
agentes de la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet, la
DINA, por el delito de secuestro calificado del opositor político Jorge Grez
Aburto en mayo de 1974.
Según el fallo, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 7 de
mayo, la víctima permaneció varios días en el centro de detención Londres 38
sin contacto con el exterior y sometido continuamente a interrogatorios bajo
tortura. Al día de hoy, sigue desaparecido.
Seis ex altos mandos de la DINA, incluido su jefe, el general Manuel
Contreras, fueron condenados a 13 años de presidio mientras que 35 ex
agentes recibieron penas de diez años de cárcel, todos en calidad de autores
de secuestro calificado. Otros 34 individuos fueron condenados a cuatro años
de presidio en calidad de cómplices del secuestro calificado. Para Amnistía
Internacional se trata de un fallo histórico ya que por primera vez que se
castiga no sólo a la cúpula de la DINA sino a otros ex agentes con distintos
roles que también tuvieron responsabilidad en la comisión de graves
violaciones a los derechos humanos.
La desaparición de Jorge Grez Aburto está vinculada con la causa abierta por
la llamada «Operación Colombo», un operativo organizado por la DINA en 1975
para encubrir la desaparición forzada de más de un centenar de opositores
políticos del régimen militar y a la vez diseñar un plan para hacer creer a
la opinión pública nacional e internacional que las muertes estaban
relacionadas con enfrentamientos internos de los opositores.
Amnistía Internacional considera que el fallo es un avance importante en la
lucha contra la impunidad en Chile por las graves violaciones de los
derechos humanos que se cometieron en Chile durante el gobierno militar de
Augusto Pinochet. En el contexto de esta sentencia, la organización hace un
llamado a las autoridades chilenas a asegurar que los avances en materia de
justicia continúen de forma decisiva para asegurar que todos los
responsables de las graves violaciones de derechos humanos durante el
régimen de Pinochet rindan cuentas ante la justicia y garantizar que jamás
vuelvan a suceder violaciones de esa gravedad.
