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El Destino de las Malas Leyes

columnista5

Los malos proyectos legislativos toman un enorme tiempo en ser desechados, modificados o promulgados porque requieren cortes, adiciones, correcciones de redacción, ortográficas y conceptuales. Más allá de lo formal, requieren del control constitucional, aún cuando durante la discusión en el Congreso no se haya hecho la reserva necesaria para que antes de su promulgación el Tribunal Constitucional revise y se pronuncie sobre su legalidad.
El gobierno en sus comunicaciones supone que, terminada la tramitación legislativa en su tercera fase en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma tributaria quedará listo para su promulgación en el mes de septiembre.

 

Sin embargo, a juzgar por el estado actual, después de la aprobación por parte del Senado, volverá en tercer trámite a la Cámara de Diputados, lo que dará lugar a un extenso debate. Tanto de parte del oficialismo como de la oposición hay desacuerdo en torno a varias modificaciones introducidas en el senado producto del protocolo. Varias indicaciones no cuentan con el apoyo de la Cámara. Con toda seguridad, habrá un cuarto trámite, la Comisión Mixta, donde senadores y diputados deberán consensuar un texto final. Si a ello se suman los feriados del 18 y la semana de vacaciones mensuales en que los parlamentarios dejan de trabajar es posible que no haya promulgación antes de Octubre, Noviembre o Diciembre. Al trámite parlamentario seguirá el control por parte del Tribunal Constitucional puesto que desde el inicio, tanto parlamentarios como la opinión pública, han denunciado vicios de constitucionalidad. El Tribunal deberá revisar exhaustivamente el largo texto y pronunciarse, hayan o no sido solicitados por parlamentarios.
Ello significa que su promulgación total o parcial quedará sujeta a dicha instancia, lo que requiere tiempo, porque no son pocas las objeciones. Siendo así, difícilmente el presupuesto fiscal para 2015 podrá contemplar los recursos que para ese año estaban contemplados en el proyecto original. La reforma educacional y probablemente una parte importante del “programa” se atrasarán. El gobierno habrá perdido un año y tendrá que comenzar de nuevo para lo cual contará con apenas tres años. No sería extraño que algunos requieran del Tribunal un recurso de inaplicabilidad o simplemente la derogación de determinadas disposiciones como ocurrió con el Art 37 ter de la Ley de Isapres derogado por ese Tribunal en 2010.
Por otra parte el destino de la reforma educacional no es diferente. Como la nueva Constitución tampoco será un logro de este gobierno y como no habrá reforma en la salud, el “programa” ya comienza a zozobrar. El destino del gobierno es terminar sin pena, ni gloria.

 

 

Javier Fuenzalida A.

Profesor U. FinisTerrae

 

 

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