Privados, Gobierno y Parlamento estuvieron representados en esta actividad, efectuada en Santiago, para dialogar sobre el presente y futuro de esta temática cuya modificación se tramita actualmente en la Cámara de Diputados.
La falta de diálogo previo para definir las modificaciones necesarias, lo que puede llevar a que se voten modificaciones que afecten al país más que a una industria en particular, así como la reducción de la seguridad jurídica sobre los derechos otorgados, fueron algunas de las principales preocupaciones manifestadas por los expositores en el Seminario Hídrico 2015, que se desarrolló hace algunos días en el Centro Cultural Corpartes, de Las Condes, y que giró en torno a la modificación al Código de Aguas que se discute en el Congreso.
En esta actividad, en que estuvieron representados diversos ámbitos del sector privado, así como también Gobierno y Parlamento, surgieron además preocupaciones sobre el impacto directo que tendrá sobre las industrias involucradas, el efecto sobre el crecimiento, y lo que algunos catalogaron como precariedad de la autoridad para hacerse cargo de administrar un recurso que ha sido administrado desde la colonia por los mismos usuarios.
Felipe Martin, Gerente General de MÁS Recursos Naturales, entidad a cargo de la organización del evento, informó que dentro de las preguntas realizadas por el público, el 18% de ellas fueron relativas a la prioridad que se le está otorgando a la industria sanitaria; el 10% relativa a la precariedad actual y futura de fiscalización y falta de sanciones, así como plazos de resolución, de la Dirección General de Aguas (DGA); y un 10% a cómo se podrá ver afectado el derecho de propiedad, tanto de propietarios nuevos como antiguos.
Respecto de esto último, el Director Nacional de la DGA, Carlos Estevez, fue enfático en afirmar que los derechos vigentes no serán afectados. De hecho, el ex Ministro de Agricultura, Luis Mayol, comentó que esta repartición ha realizado un muy buen trabajo, conversando con los mismos involucrados y tratando de explicar cuáles son los objetivos de la actual administración en la materia; uno de ellos es no afectar la condición de los derechos otorgados. «Sin embargo -advirtió- la votación es en el Congreso y, por lo tanto, dependerá de las modificaciones que haga el poder legislativo. Personalmente, he visto que los objetivos del Gobierno no se condicen con lo que está quedando por escrito, aunque quedan varias etapas para que esto pueda ser revertido mediante conversaciones abiertas y constructivas».
En tanto, respecto de lo señalado por el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, en torno a que cualquier cambio debe hacerse basado en datos fidedignos, y que hoy existe un déficit respecto al diagnóstico de la realidad del país, Mayol declaró que está de acuerdo y que en ese sentido, a modo de ejemplo, se puede señalar que existen muy pocas cuencas en Chile que están modeladas hidrogeológicamente, definidas sus recargas de acuíferos y dónde se acumulan sus principales reservorios de aguas y nieve. «Existen -detalló- metodologías precariamente aplicadas para definir el estado de estas reservas (aguas subterráneas, superficiales y nieve) al igual que en temas de monitoreo y control de caudales que permitan hacer pronósticos por temporada con información a tiempo real, por hablar de algunos de los problemas operativos».
Finalmente, agregó que no existe información, por parte de la justicia, de cuántos casos están abiertos, cerrados o en proceso respecto a juicios relacionados a temas de agua, cuáles son los plazos promedio de solución de un conflicto y en cuántos de ellos tuvo que intervenir con informes técnicos la DGA. «Todo esto no permite entender las necesidades de recursos en horas hombre y monetarios por parte de la DGA, los Juzgados y hasta los mismos involucrados privados que se sienten afectados por un tercero», concluyó.
Respecto de alguna propuesta surgida de esta instancia, Martin comentó que el Embajador de Australia efectuó al final de la jornada una breve reseña de la historia hídrica de su país y de cómo solucionaron la sequía del milenio que los afectó. «Expuso sobre la realidad que tienen frente a los derechos de agua (modelo reciente para el país oceánico), algo muy parecido a lo que Chile tiene desde la colonia, y cómo el Estado australiano tuvo que comprar parte de estos derechos para no afectar la sustentabilidad de las cuencas intervenidas.
También habló acerca del nivel de inversión que tuvo que hacer el Estado en compras de derechos, infraestructura de acumulación, distribución y medición necesarias para lograr solucionar el problema. El Embajador propuso que su país apoyara a Chile con toda esta experiencia e instituciones involucradas, uniendo esfuerzos y así reducir en parte los efectos que puede tener una reforma de este tipo», destacó.
