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El regreso de la detención por sospecha

(columna defensoria)

La empresa de encuestas Cadem (www.cadem.cl) emitió el resultado de su modalidad de sondeos “Plaza Pública” y al preguntarle a los encuestados su percepción de la delincuencia en el último año, un 84% respondió que ésta ha crecido; un 73% cree que será víctima de un delito; un 90% cree que la delincuencia está hoy más violenta y un 63% estaría de acuerdo con restituir la detención por sospecha.

 

No es ninguna novedad, por cierto, que la ciudadanía está asustada luego del trabajo exhaustivo de algunos medios y personeros políticos para atemorizarla con el fenómeno, lo que tampoco un dato exclusivo nacional, baste ver las discusiones de muchos países americanos y europeos sobre este tema.

 

El punto que preocupa, y bastante, es la liviandad con que la empresa de encuestas sale a preguntar sobre una aberración como la detención por sospecha y la escasa lucidez de muchos compatriotas para apoyarla sin medir consecuencias o bien, tal vez, sea posible que en la ignorancia excusable de los conceptos jurídicos, algunos crean que la detención por sospecha esté relacionada con la detención por flagrancia, y eso haciendo un esfuerzo de interpretación benigna de esa brutalidad.

 

La detención por flagrancia es aquella en que se detiene a un sujeto cuando existen indicios o señales (en un tiempo posterior) de que ha participado de un delito.

 

La detención por sospecha es aquella en que la autoridad detiene a una persona porque le parece sospechosa de acuerdo su propio criterio.

 

En la década de los 90, cuando la figura subsistía, los reclamos por los abusos de la misma, basada en la detención de jóvenes y personas pobres sin antecedentes penales, era altísima y los organismos de derechos humanos de la OEA y ONU reclamaron el término y la modificación de las normas.

 

La detención por sospecha tampoco, como suele ocurrir, hacía ninguna mella en los delincuentes habituales, quienes no eran juzgados en base a estas detenciones arbitrarias, de modo que una noche más o menos en un cuartel era simplemente una anécdota, el problemas radicaba en los miles de jóvenes y personas inocentes eran llevadas esposadas a un cuartel sin haber hecho nada salvo, vestir de una manera o usar un determinado corte de pelo o de vivir en sitios inadecuados (campamentos).

 

Actualmente las normas constitucionales, los tratados internacionales y órganos como el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema no permitirían el restablecimiento de una figura de tal calaña.

 

Pero el dilema a mi juicio, no es que una empresa sea tan irresponsable de proponer mediante una pregunta la discusión sobre esta figura contraria a los derechos humanos, el grave problema es que a muchas personas les daría lo mismo responder que están de acuerdo con la tortura, los azotes públicos o las ejecuciones sumarias.

 

Alberto Ortega Jirón

Defensor Regional

 

 

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Diario El Cachapoal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.
Fundado en Rancagua el 05 de Noviembre del 2003.