Por David Pérez Arce
Una denuncia de los diputados, RN, José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg –patrocinada por el abogado Eduardo Riquelme- fue la primera acción judicial, y con ella, el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo comenzó a investigar los eventuales delitos de cohecho, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible, tanto en el cambio del Plan Regulador intercomunal de Rancagua como el proceso de compra de los predios.
A seis meses de iniciada la causa, sin embargo, el investigador se enfocó en otros actores anexos al negocio, quienes se han transformado en las “piezas clave” del puzle, como el síndico de quiebras Herman Chadwick Larrain, su asesor Juan Díaz, el ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí Jorge Silva Menares y la arquitecta, que trabajo con él, Cynthia Ross.
Patricio Wiesner, el dueño original de los terrenos, presentó una denuncia penal contra todos quienes resulten responsables de los “perjuicios patrimoniales” ocasionados en la venta que realizó el síndico Herman Chadwick de dicho predio a Caval.
Esta investigación tenía el mismo Rol que la querella por estafa de Hugo Silva, el empresario que compro los terrenos a Compagnon, contra Caval, la que ya se sobreseyó definitivamente.
