En La Corte de Apelaciones de Rancagua se reunieron las diversas autoridades que componen la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, con el propósito de evaluar los recientes estudios sobre la situación del país, frente a la temática de seguridad ciudadana.
La comisión está por compuesta por El presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Emilio Elgueta Torres, la Seremi de Justicia, Yosselin Moyano, el Defensor Regional, Alberto Ortega, el Director Regional (s) de Gendarmería, Coronel Leonardo Barrientos, la encargada regional de Seguridad Pública, Verónica Leyton, representantes de la Fiscalía Regional, Policía de Investigaciones, Carabineros, Gobernación de Cachapoal, jueces del Tribunal de Garantía, además de la participación especial del Director del Hospital Regional de Rancagua, Fernando Troncoso, quien valoró la invitación y destacó el carácter de colaboración que genera esta instancia.
Las autoridades del sector Justicia, analizaron las últimas cifras que sitúan a Chile como el más seguro y estable de América Latina y en el lugar 29 a nivel mundial, de acuerdo al Índice Global de Paz 2015, del Instituto de Economía y Paz. Entre los factores que considera la organización para el estudio se encuentran tanto la violencia como el miedo a ella, así como también los factores positivos que mitigan los niveles de violencia, por ejemplo, niveles de capital humano, buena relación con países vecinos, libertad de información, gobiernos de buen funcionamiento, bajos niveles de corrupción y aceptación de los derechos humanos.
Bajo este escenario, la seremi de Justicia, Yosselin Moyano, señaló que “como Gobierno estamos abocados a enfrentar los desafíos en materia de seguridad ciudadana, tarea que trabajamos colaborativamente todos los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Justicia Penal. Llamamos a la ciudadanía a reflexionar sobre las cifras que nos presenta la encuesta de Índice Global de Paz 2015, de tal manera de que la percepción de inseguridad se ajuste a la realidad que nos presentan las cifras, lo que sin lugar a dudas nos permitirá abordar de manera más acertada la fisonomía real de nuestra criminalidad y sus causas de fondo”.
Las autoridades permanentes de la mesa de Coordinación de Justicia Penal, señalaron que los delitos de mayor connotación social han disminuido; los casos policiales disminuyeron en un 2,8%; las denuncias en un 2,9% y las detenciones en flagrancia en un 2,7% con respecto al año anterior, según datos aportados por Fiscalía regional y Carabineros.
El Defensor Regional, Alberto Ortega, manifestó que “nos preocupa los niveles de temor y de inseguridad ciudadana, porque no se condicen con la realidad del año 2015. Hemos tenido años con mayores índices de delincuencia y no se instalaba el discurso alarmista que vemos hoy de parte de los medios capitalinos y algunos políticos. Un fenómeno como éste, de miedo creado a causa del amarillismo y la truculencia solo desencadena una cosa; atropellado a los derechos civiles y a la dignidad de personas vulnerables e inocentes. Lo sabemos en la región de O’Higgins que muestra un alto porcentaje de personas que no han cometido delitos ya sea en prisión preventiva o formalizada. Las políticas populistas que sólo son una reacción al miedo instalado en forma artificial jamás han reducido en una décima el fenómeno de los delitos.
En tanto, el juez de Garantía, Michel González desmintió de forma categórica la existencia de una “puerta giratoria”, señalando que de 250 mil casos que se solicitaron prisión preventiva en los últimos 10 años, tan solo en 2.800 esta solicitud fue negada, en otras palabras, en no más del 2% de los casos operó la llamada “puerta giratoria”.
