El Profesor Miguel Schweitzer dictó una conferencia en Casa lo Matta el martes 6 de Octubre sobre la demanda boliviana en La Haya destacando importantes aspectos hasta el momento no considerados u olvidados por nuestra cancillería y que habrían alterado radicalmente el reciente fallo si nuestra cancillería hubiera sido mas prolija.
En primer lugar nos recordó que los límites entre Perú y Chile desde los tiempo coloniales fue el “Despoblado de Atacama” y no el Alto Perú de ese entonces, hoy Bolivia. Este país habilitó un pequeño puerto – Cobija – sin autorización de ninguno de los dos países limítrofes. Posteriormente Perú se lo anexó en 1835 y Bolivia posteriormente lo recuperó, quedando claro que nunca tuvo títulos sobre esa parte del desierto de Atacama. En 1863 el parlamento boliviano autorizó al gobierno para declarar la guerra a Chile y en 1873 suscribieron un tratado secreto con Perú con igual objeto. No hay duda que hubo mala fe en los tratados con Chile de 1866 y 1874 desconocidos por Bolivia en 1878 precipitando la guerra de 1879 estado que acabó con el tratado de 1904. Según el profesor Schweitzer este no es un tratado sino un contrato de compraventa, análogo al que Estados Unidos celebró con Rusia para la compra de Alaska en 1867 y el que materializó la venta de Bolivia a Brasil de parte del territorio de Acre en 1903. Las transacciones territoriales no era una figura inusual en esa época.
El pago del precio en cuestión se descompone en varios desembolsos tal como da cuenta Schweitzer y también Gonzalo Vial en su documentada Historia de Chile 1890-1973. Valorado en dólares de hoy, Chile se hizo cargo de la inversión del ferrocarril de Arica a la Paz por US $ 352 millones de dólares, avaló los créditos por la construcción de otros ferrocarriles en Bolivia para lo que desembolsó US $ 76 millones y novó diversos créditos bolivianos por US $ 62 millones, en Total US $ 530 millones. El mayor costo de inversión del ferrocarril de Arica a la Paz elevó esa suma a US $ 707 millones. Chile pagó US $ 10.681 por Km2 mientras que a USA le costó US $ 71.7 y Bolivia cobró US $ 1.686. Espectacular negocio para Bolivia.
Si un eventual fallo adverso de La Haya indujera a Chile a devolver el territorio en cuestión, Bolivia debería reembolsarle a Chile los US $ 707 millones actualizados de a la tasa de interés del 5 % establecida en 1904 o la actual tasa vigente para los bonos de largo plazo de países de riesgo semejante al boliviano (Argentina, Venezuela y Grecia) cuyo rendimiento promedio es de 5.21 % anual. Así para un período de 111 años (1904 a 2015) dicha devolución alcanza a US$ 198.436 millones, 6 veces el PIB de boliviano estimado para el 2015 según el World Economic Outlook del FMI.
De acuerdo a estos valores y el coeficiente capital/producto, el valor territorial Boliviano, a partir del PIB actual, es del orden de US $ 503.000 millones por lo que la devolución del territorio señalado importa el pago de 6 veces su PIB o entregar el 39 % de su territorio. Esto sin contar con que durante todos estos años Bolivia ha estado haciendo uso de franquicias como el no pago por tránsito, uso de instalaciones portuarias y de bodegaje, exenciones tributarias, etc. que no han sido valorizadas y que significaría otra suma semejante.
Nada de esto ha sido materia de estudio por parte de nuestra cancillería obnubilada por la retórica jurídica, ignorando que el reglamento de La Haya le permite fallar de cualquier forma diferente del derecho como ocurrió en los fallos con Perú y Colombia. Muñoz promete que ahora sí se recurrirá a otra estrategia y que ha instruido a nuestros embajadores darlos a conocer a los demás gobiernos. Otra desprolijidad porque la campaña debe ser pública y no de cuchicheos diplomáticos. En la visita de esta semana a Ecuador llena de abrazos y besitos Bachelet y Muñoz guardaron silencio ante la declaración previa de ese país en apoyo a las pretensiones bolivianas. Lo aconsejable habría sido suspender la visita o manifestar públicamente el malestar en vez de melosos discursos. Además de los antecedentes que el profesor Schweitzer inteligentemente ha desenterrado, nuestra cancillería debe iniciar una acción internacional para modificar el reglamento de ese tribunal dependiente del Consejo de Seguridad de la ONU del que hoy somos miembro y requerir la suspensión de la causa en tanto no se restituya el imperio del derecho. En caso contrario, adiós Bogotá y al Tribunal.
Javier Fuenzalida A.,
Profesor, Universidad Finis Terrae
