La economía de mercado defiende los mercados, no a las empresas. En cambio el socialismo denosta al empresariado (1.100.000 empresas en Chile) porque ideológicamente es incompatible con la libertad. Algunos llegaron a tildarlos de “chupa sangre” y mercachifles. Doña Helia y sus seguidores concertacionistas, despreciando al millón doscientos mil enfermos en la cola, se vanaglorian de que “en salud no se trabaja con los privados”. Otros se oponen a las concesiones. Sin embargo no son los pocos políticos que cuando dejan la burocracia pululan en busca de directorios y asesorías para atender a quienes tanto desprecian.
Lobistas. Marco Enríquez afirmó hace algún tiempo que el mercado es el mejor asignador de recursos pero acto seguido agregaba que no cree en él. Ahora la justicia lo persigue por las platas privadas. Los empresarios no se han defendido bien. Son hombres trabajo, creativos, innovadores. Generan cerca del 80% del PIB y del empleo. No tienen tiempo para la política pero manifiestan sus críticas frente a proyectos mal concebidos, ineficaces o que nada o poco aportan al bienestar del país.
Según la SBIF las provisiones por riesgos de créditos comerciales alcanzan solo al 2.4 %, un índice normal porque los riesgos comerciales no siempre resultan de una conducta reprochable (riesgo moral) al igual que las quiebras que crecen durante las recesiones y disminuyen en los auges. Las empresas dan empleo a 8,5 millones de trabajadores. 10.634 sindicatos agrupan apenas al 10.9 % de la fuerza laboral activa. Las huelgas no pasan de 210 anuales que involucran al 0.3% o 27.000 trabajadores. Las propias encuestas del Ministerio del Trabajo indican, para molestia de la CUT, de precaria representatividad, que una gran mayoría de los trabajadores no valora a los sindicatos.
El empresariado suma 1.100.000 empresas, desde las más modesta microempresas (830.000) hasta las más grandes (14.100). ¿Cómo se comportan? El SII revisa alrededor de 450.000 declaraciones de rentas e IVA de personas jurídicas y naturales y tan solo 7.900 llegan a juicio. Cada año se inician 430 nuevos juicios. Si todos correspondieran a empresas equivaldría a un ínfimo 0.07 % del total. Un tranquilizador indicador. La Dirección del Trabajo registró 85.000 denuncias en el año que originaron 45.000 sanciones administrativas y 23.376 multas, un 2.1 % En 2014 el Sernac recibió 250.000 reclamos de un universo de 10.000.000 de consumidores, la Fiscalía Nacional Económica conoce cerca de casos anuales 6 y otro tanto el Tribunal de la Libre Competencia. Las estadísticas del SII permiten estimar el grado de concentración de cerca de 134 sectores económicos que agrupan a las 1.100.000 empresas contribuyentes. Mediante el índice de concentración HH (Hirschman-Herfindhal) se constata que hay 15 sectores con una elevada concentración de mercado habiendo varios sujetos a fijaciones tarifarias (sanitarias, telefonía fija, distribución de energía eléctrica y otros) y 50 con una alta concentración pero que no necesariamente practican conductas anticompetitivas. Hay otros 68 que son competitivos, situación que ha mejorado desde el 2005. Una de las principales barreras a la explotación del mercado es la competencia con los productos importados. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, sector de alta concentración, si la oferta local pretendiera coludirse la avalancha de importaciones anula tales intentos.
Por otra parte, el estado no está libre de asumir impunemente conductas monopólicas y no podemos contrarrestarlo importando servicios estatales. Las tarifas aeroportuarias no se fijan de acuerdo a la rentabilidad social sino que en forma arbitraria por parte de la DGAC. Las de los notarios, conservadores y archiveros tampoco tienen relación con el servicio prestado. El Ministerio de Justicia me informa que las de los archiveros fue fijada hace 15 años en $ 600 por página, pero hoy cobran $ 3.990, otro tanto ocurre con notarios y conservadores.
El precio de la cédula de identidad y del pasaporte que regirán dentro de poco genera una alta renta monopólica que no tiene lógica alguna como tampoco lo tienen los nuevos criterios en la educación y menos aun en salud. El estado junto con unos cuanto criticables empresarios practica actos ilícitos. Estos últimos podrán ser multados y encarcelados pero los primeros nunca sufren sanción alguna.
Javier Fuenzalida A.
