El sello de este gobierno ha pretendido ser el igualitarismo, la inclusión y la lucha contra la pobreza. Esta última, ha venido decreciendo continuamente y en forma exitosa desde los años ochenta. El igualitarismo y la inclusión son metas fracasadas porque el gobierno ha preferido mantener cuantiosos capitales para competir, sin éxito, con el sector privado: minería, refinerías de petróleo, electricidad, banca, televisión, infraestructura inmobiliaria, puertos, operador triguero, ferrocarriles, etc.
El estado empresario actual es la excepción sobreviviente del principio de subsidiariedad establecida en la constitución de 1980 con el objeto de concentrar la acción del estado en la satisfacción prioritaria de las necesidades urgentes de la sociedad y no jugar a los negocios, perdiendo cuantiosos recursos en forma reiterada. De las empresas estatales solo Codelco, Enap y el Banco Estado generan flujos positivos importantes. Ferrocarriles, Enami, TVN generan cuantiosas pérdidas y las restantes alrededor de otras 20 empresas acusan flujos positivos o negativos de menor importancia.
El valor actualizado de los flujos (Ebitda) de Codelco, Enap y Banco Estado, en un horizonte de 50 años a una tasa de descuento de 4 % es del orden de US $ 140.000 millones que sería el precio de su venta a terceros. Las empresas menores con flujos negativos se venderían al valor libro de su patrimonio, lo que agregaría otros US $ 1.000 millones. En cifras redondas, hay disponible US $ 141.000 millones con lo que se podría cumplir con la meta de inclusión, fin de la pobreza y un sinnúmero de situaciones críticas que sufre la población y que el gobierno es incapaz de satisfacer: desempleo, ninis, niños sin jardín infantil que sufrirán de por vida esa falencia, colas en instituciones estatales de salud para atención, tratamientos y operaciones a los sobrevivientes que esperan por mas de un año, educación básica y media mediocre, cárceles decentes, reinserción eficaz de condenados… en fin, el conjunto de esas situaciones críticas suman 11 millones de casos como se aprecia en el siguiente cuadro:
| pasivos humanos | N° casos
desatendidos |
| Ninis | 600.000 |
| Pobres | 1.500.000 |
| Personas haciendo colas en salud | 1.700.000 |
| Niños sin jardín infantil | 300.000 |
| Discapacitados sin atención | 2.500.000 |
| Educación básica estatal mediocre | 785.000 |
| Educación media estatal mediocre | 336.000 |
| Cotizantes fonasa mal servidos | 1.700.000 |
| Presos en cárceles inhumanas | 48.000 |
| Condenados sueltos por las calles | 40.000 |
| Evasores transantiago | 341.000 |
| Desocupados | 700.000 |
| total situaciones de infelicidad | 10.550.000 |
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El fin del estado empresario, de acuerdo con el precepto constitucional de subsidiariedad, podría resultar en contar con activos líquidos por un total de US $ 141.000 millones para resolver en el tiempo los 11 millones de “episodios” o “eventos” como los denomina indiferentemente la burocracia pero que son situaciones humanas apremiantes.
En este sentido, la agenda legislativa para 2016 anunciada por Bachelet es inhumana e ignorada por los defensores de los derechos humanos. Se prefiere legalizar el asesinato de nascituros, establecer la dictadura sindical, dar una solución legal aparente a la corrupción, promover una nueva constitución cuyos contenidos se ocultan para engañar a la población, crear burocracia de apitutados, etc.
La caída libre y acelerada de Bachelet y su comparsa socialista se explica por esta indiferencia e indolencia. No hay copia feliz del Edén.
Javier Fuenzalida Asmussen
