La Concertación ha sido cobarde y no ha tenido el coraje de abordar la reforma a a ley de Isapres que les otorga el inaceptable privilegio de constituir un oligopolio. Murió la Comisión Bachelet y lo que comenzó como una aislada defensa algunos cotizantes se ha convertido en una avalancha de 133.000 recursos de protección.
El gran defectos legal está en el reconocimiento de una categoría de ciudadanos parias o esclavos, los “cotizantes cautivos” (letra i, Art. 170) y el privilegio único para alterar unilateralmente los precios real de los planes (Art. 197), contrariamente a lo estipulados por el Código Civil y la ley de Derechos del Consumidor que produce la nulidad de este tipo de contrato. Otro defecto es la integración vertical (prohibida por la ley aunque tolerada por la Superintendencia de Salud) y la nula iniciativa de las propias Isapres en reducir sus costos de operaciones (Uberización de la gestión). Es más fácil subir los precios y mantener sus altos retornos al patrimonio como ocurre en los oligopolios y monopolios.
Las Isapres, su gremio y asesores insisten en culpar a los abogados patrocinantes de los recursos de protección, pero ignoran que esos servicios nacieron como reacción a los abusos de ellas. Durante muchos años sus rentabilidades (bien medidas) han sobrepasado con creces a las de las mayorías de las sociedades anónimas abiertas, hecho que solo puede darse en una industria con competencia oligopólica.
El primer gobierno de Bachelet introdujo una saludable competitividad entre las AFP pero no ha habido voluntad para hacer otros tanto entre las Isapres. Se ha gastado papel y tinta en proponer múltiples y ineficaces medidas como inventar una IPC de salud, ignorando que el actual IPC contiene un subíndice de precios de salud, el fallo del Tribunal Constitucional que derogó el uso de la tabla de factores (letra n Art 170) pero solo para los nuevos cotizantes dejando desprotegidos a los antiguos, los retroprogresistas proponen volver al servicio público ya agotado (colas de 1.700.000 pacientes en espera de atención), etc.
Lo que se requiere es:
- Derogar la categoría de cotizantes cautivos (tercera edad y personas con preexistencias). El sistema de isapres es un complemento de un servicio universal por lo que debe existir la libre movilidad intrasector.
- Derogar la facultad unilateral para reajustar periódicamente el precio de los planes y eliminación de la tabla de factores.
- Establecer que, anualmente, todos los nuevos cotizantes lo hagan mediante el ingreso obligatorio a la isapres que ofrezca los menores precios entre planes similares, pudiendo cambiarse a otras de sus preferencias después de un año.
- Desarrollar planes especiales para la tercera edad. Los pensionados actuales no requieren cobertura para tratamientos de fertilidad, de ciertas enfermedades infantiles, y en particular de licencias médicas laborales que es uno de los principales gastos en que incurren la isapres.
- Prohibir la integración vertical que permite establecer precios de transferencia ocultos.
- Condicionar la permanencia a un examen anual preventivo con cargo a la isapre a fin de evitar los altos costos de procedimientos y tratamientos complejos (en muchas compañías de seguros el examen preventivo anual es obligatorio). La más efectiva reducción de costo resulta de esta norma. Un completo perfil bioquímico cuesta en torno a $ 30.000, una cirugía cardíaca, torácica, gástrica u otras más de $ 15 millones.
- Disminuir los costos de administración “Uberizando” los sistemas administrativos y el contacto con cotizantes.
- Transformación de las Isapres de meros intermediarios financieros a compañías de seguros de vida.
Javier Fuenzalida Asmussen
