Por David Pérez Arce
Desde el año 2013, el Senador Baldo Prokurica y la Diputada Paulina Núñez- ambos de Renovación Nacional- han recurrido en varias oportunidades a diversos organismos gubernamentales para solicitar el cese de pago de pensiones a falsos exonerados políticos
Se han reunido con los ex jefe de gabinete: Rodrigo Peñailillo y Jorge Burgos; con el Contralor General de la República, Jorge Bermudez; enviaron un oficio al Instituto de Previsión Social; hasta le enviaron una carta a la Presidenta de la República Michelle Bachelet.
La respuesta del IPS, -organismo encargado de pagar el beneficio – fue que el “cese de las pensiones corresponde a la autoridad que las concedió”, aludiendo a la responsabilidad exclusiva de la Presidenta de la República.
Desde la contraloría emitieron un informe donde insistían en que los Ministerio de Interior y del Trabajo resolvieran de forma definitiva el caso.
Fue el organismo Contralor que develó la existencia de tres mil exonerados falsos, entre un universo de nueve mil indagados.
De los 9.000 exonerados políticos que fueron indagados por el organismo contralor, de ellos, tres mil expedientes investigados no fueron acreditados, debiendo señalar que dos reuniones han sostenido los parlamentarios con Ministros del Interior.
