Para los cristianos, judíos y musulmanes, la gratuidad existió solo en el paraíso terrenal del que Adán y Eva fueron expulsados y condenados a ganarse el pan con el sudor de su frente (Gen, 3:17) y no con el del prójimo como la izquierda y la DC predica.
No se respecto de otros credos y los no creyentes supongo que simplemente concuerdan con que el hombre tiene necesidades infinitas y dispone de recursos limitados para satisfacerlas. Nada es gratis y los economistas tenemos la ingrata tarea de recordárselo permanentemente a los gobernantes y gobernados. La reforma educacional que propone la gratuidad es simplemente mentirosa. Cerca de un millón de profesionales chilenos nos educamos casi gratis en la universidad hace años atrás. Si bien pagamos una suma anual irrisoria, alguien lo hizo por el 99 % restante del costo y no fueron precisamente nuestros padres.
Fueron todos “los Moyas”, ricos y pobres por igual. Algunos devolvimos algo ejerciendo la docencia part-time con honorarios casi simbólicos, o hicimos contribuciones voluntarias a fundaciones educacionales. Pero no fue suficiente comparado con el retorno económicos obtenido durante nuestros 35 o más años de ejercicios de la profesión. La Concertación ha hecho lo imposible por convencer a la ciudadanía que el estado les puede proporcionar bienes y servicios en forma gratuita. El costo en que incurrirá el estado por cada estudiante, sin que medie una contraprestación, se cubrirá con impuestos compulsorios.
No siempre el estado creará valor en este proceso, dependerá del retorno de las inversiones en educación comparado con el que los contribuyentes obtendrían con los recursos que el estado le expropió. La gratuidad educacional es exactamente eso. No hay milagro. Los estudiantes y sus apoderados tratan de hacernos creer que la educación superior puede ser gratuita, a diferencia de los demás en bienes y servicios por los que hay que pagar un precio por indispensables que sean. Omiten reconocer públicamente que los que pagan son los ciudadanos mediante los impuestos directos a las rentas e indirectos como el IVA, Impuestos al tabaco, las bebidas, derechos aduaneros, contribuciones, tasas, peajes, etc.
Lo saben pero quieren justificar un privilegio exclusivo. Ningún cartel o lienzo de los exhibidos en las marchas y las tomas lo mencionan. Ni siquiera, por educación, al menos uno en que se leyera como “gracias pueblo por sacrificarse y pagar nuestra educación“. Muchos se convencen con argumentos estáticos sin entender dónde está el truco. El universitario que nada pagará a cambio de ello hoy recibirá mañana, al iniciar su vida laboral por un período de 30 o 35 años más o menos, un flujo de ingresos. Mientras más sean sus años de estudio, mayor serán esas rentas futuras y mientras más gane en experiencia y capacitación durante su vida laboral mayores serán.
Como no pagó por la educación recibida la rentabilidad resultante es infinita: ¡La suma de las rentas netas percibidas durante 30 años netas de impuestos divididas por cero!, pero no lo es para la sociedad como un todo. Es un privilegio insostenible. Mientras las viviendas sociales se venden y la salud se paga, el privilegio educacional no. Es discriminatorio, desigual y excluyente porque no todas las personas obtienen beneficios sin pagar. En este sentido los estudiantes “gratuitos” son iguales a los usuarios del transantiago que no pagan.
La diferencia es que los primeros lo disfrazan como un derecho y los segundos hacen trampa. Queda por resolver el problema del ejercicio de la igualdad de oportunidades. Es un hecho real que ningún joven es culpable por la falta de recursos de sus familias o de la mala educación recibida del estado. Para esos jóvenes se ideó un sistema de crédito como el CAE que reembolsará cuando inicie su vida laboral y obtenga un ingreso de acuerdo a sus competencias y desempeño, tal como podrá hacerlo cuando forme una familia y obtenga un crédito hipotecario. Esta solución es depreciada y tildada de mercanchifle por los candidatos a recibir algo a cambio de nada.
Un segundo mecanismo alternativo y aparentemente menos mercantil consiste en cobrar un impuesto especial al diploma o a la licencia obtenida de modo que la sociedad recupere aquello que le entregó bajo la apariencia de maná caído del cielo. ¿Para qué querrá el estado recibir de vuelta esos recursos? Para destinarlos a programas sociales que hoy son deficitarios o inexistentes. Hay 1.000.000 de niños que no van a los jardines infantiles (Mineduc, Ine). La educación básica y media estatal es mala porque no remunera bien a sus profesores y estos a su vez son formados deficientemente por las universidades, estatales incluidas. Hay 1.800.000 personas en las listas de espera por más de 120 días para ser atendidas por el sistema público de salud y 226.000 para cirugías (Minsal).
Hay 160.000 ciudadanos que viven en campamentos y 700.000 que habitan en viviendas irrecuperables (Minvu). Cerca de 160 niños han muerto en las ineficientes dependencias del Sename. Hay mucho que hacer en materia de asistencia social. ¿Por qué los jóvenes, modestos hoy y afluentes mañana, deben recibir algo gratis mirando para el lado?
Javier Fuenzalida Asmussen
columnistaco
