Son los que dicen haber protestado el domingo pasado por el sistema previsional actual. Inaceptablemente, Bachelet viaja y Rincón mantiene un sospechoso silencio. Al inicio del actual mandato se designó la Comisión presidida por David Bravo, reconocido experto en el tema, cuyo informe les fue entregado hace 11 meses y nada ha ocurrido. El Senador Lagos W acomodadamente dice que hay que tomarse un tiempo ¿Qué hace con los $30 millones que recibe mensualmente? Le tienen miedo a la extrema izquierda y creen calmarla con una inútil AFP estatal.
Los duros, retroexcavadora en mano, desprestigian el sistema actual para volver al de reparto. El que reparte se lleva la mejor parte dice el dicho. Mentiras:
- Las administradoras se quedan con la plata. Falso. Existen dos entidades jurídicamente separadas. El Fondo de Pensiones de propiedad de los cotizantes y un tercero, el administrador. Lamentablemente por llevar casi el mismo nombre, se ha difundido la falsa idea que son la misma cosa y que el administrador se lleva la plata.
- Las inversiones son para favorecer a las grandes empresas. Falso. Las normas sobre diversificación de las inversiones para minimizar los riesgos permite solo un bajo porcentaje de inversiones en acciones (hoy 13 %).
- No se sabe dónde van los ahorros. Falso. Todos los días cada AFP publica su cartera detallada, el valor de las cuotas y su rentabilidad. Si ésta es inferior a un rango promedio del sistema, la administradora debe compensar a los cotizantes con cargo a su patrimonio.
- El sistema de reparto genera una pensión igualitaria pagada por el estado o en proporción a las cotizaciones en función de la renta de la persona. Financieramente inviable Verdades:
- Si el sistema se moderniza, el ahorro nacional crecerá más aun. Por ejemplo, permitiendo la inversión en fondo de infraestructura u otros.
- El sistema de reparto está quebrado en todos los países del mundo. Si bien en teoría podría ser equitativo en la práctica no lo es porque los privilegios que los grupos de presión crean lo han reventado como sucedió en Chile. Gendarmería es apenas la punta del iceberg.
- El sistema antiguo llegó a estar normado por 600 textos legales que definían innumerables pensiones privilegiadas gestionado por 34 cajas de previsión y miles de empleados. Las cotización superaban el 40 % y se gastaba entre el 5 al 25 % en administración (hoy es menos de 1 %).
- Desde que se implementó el nuevo sistema, los chilenos trabajan cerca de 40 años pudiendo pensionarse a los 65 años y las mujeres a los 60. Durante todo ese período aportan a una cuenta individual inembargable el 10 % de sus remuneraciones con tope de 74,3 UF.
- La esperanza de vida en 1980 era de 70 años de modo que, en promedio, la cuenta capitalizada mensualmente debía generar una pensión periódica de 5 años o un poco más. Hechos los cálculos la pensión se aproximaba a un equivalente al 80 % de la última remuneración (tasa de reemplazo).
- Con el tiempo, la esperanza de vida ha ido aumentando siendo hoy de 78 años para los hombres y 81 para la mujer, de modo que ese mismo capital deberá financiar pensiones por más del doble de años, lo que significa una pensión mensual del orden del 62 % del último ingreso y no del 80 %. En la OECD el promedio es de 65 % Comisión Bravo: Opción A (12 votos a favor y 13 en contra)
- Se hace cargo del cambio demográfico como una realidad irrebatible y la esperanza de vida avanza hacia los 90 años. Es por ello que propone básicamente dos modificaciones: o Aumento de la edad para pensionarse a los 70 años o Aumento de la cotización mensual al 13 o 15 % de las remuneraciones mensuales (cálculo a ser revisado) o Obligatoriedad de cotización de los trabajadores independientes (podría ser el SII o la Tesorería quien recaude para su cuenta individual)
- Una corrección a la pensión mínima garantizada para quienes han acumulado a los 70 años un capital que es insuficiente para generar una pensión mínima de 15 UF.
- Además de la actual cotización del 10 % propone una adicional de 4 % de cargo del empleador (2 % para mejorar el ahorro individual y otros 2 % para reforzar el financiamiento del pilar solidario. Si bien suena jurídicamente razonable, no toma en cuenta que el costo recaerá en el cotizante o su empleador dependiendo de la elasticidad de la oferta de trabajo. Una investigación de las economistas P. Romaguera y A. Mizzala reveló que esta es bastante alta de modo que en definitiva es el trabajador quien será el aportante efectivo, a menos que haya un subsidio con cargo a los fondos generales de la nación. Comisión Bravo: Opción B (11 a favor, y 14 contra)
- Semejante a la anterior salvo que el 10 % de los primeros $ 350.000 irían a un fondo solidario complementado con aportes del empleador y el estado.
- Habrá una pensión básica solidaria para el 80 % de la población más pobres, y otras variables según sexo e ingreso salarial.
- Considerando que una alta proporción de los cotizantes no sobrepasan los $ 350.000 mensuales, perderán sus ahorros actuales porque estos pasarían al fondo social solidario Comisión Bravo: Opción C (1 a favor, y 24 en contra) · Vuelta al sistema de reparto
- Es financieramente inviable
- Expropiaría casi el total de los US $ 170.000 millones de ahorros de los 10 millones de personas que hoy cotizan en las AFP Nuevas sugerencias:
- Ni la A ni la B se hacen cargo de las lagunas (discontinuidad en la periodicidad de los aportes) problema que se podría subsanar con un seguro semejante al del desempleo.
- Mayor claridad en las relaciones entre el administrador y el fondo de pensiones
- Comité de cotizantes (semejante al comité de auditoría de las sociedades anónimas) para fiscalizar al administrador y designar el uso de los derechos políticos de votos en las sociedades en que el fondo tiene invertido parte de sus recursos.
Javier Fuenzalida Asmussen
