La legisladora de la Región de O´Higgins, Alejandra Sepúlveda; la presidenta del Consejo de Desarrollo Local de San Fernando, Carolina Celis, y la secretaria general del sindicato de Asociación de Trabajadores de la Salud Municipal (ATSAM), Mariela Salas, presentaron conjuntamente una denuncia criminal en contra de la Corporación Municipal de San Fernando en las dependencias de la Fiscalía Local de la capital de la Provincia de Colchagua.
La acción judicial tiene su origen en las conclusiones del informe final N° 457 de la Contraloría General de la República, el cual consignó eventuales delitos sobre el gasto y uso de los recursos destinados a los programas FAEP (Fondo de Ayuda a la Educación Pública) y a un convenio firmado entre la Cormusaf y el Servicio de Salud de O´Higgins para el mejoramiento de la salud primaria a través de una inyección de recursos especiales destinados a programas de exámenes, atención dental y atención primaria, en el período 2014-2015.
Los recursos destinados a la Corporación y actualmente en investigación por eventuales irregularidades incluyen, por ejemplo, el financiamiento de los exámenes de alto costo como las mamografías, ecotomografía mamaria, ecotomografía abdominal, programas de garantía para la atención dental, y programas de apoyo para la atención primaria, además de la entrega de herramientas e infraestructura fundamental para el aprendizaje y desarrollo educacional de los jóvenes en el sistema municipal de la comuna.
En este sentido, Sepúlveda afirmó: “Acudimos a la Fiscalía Local ya que las conclusiones del informe de Contraloría son contundentes, y dejan bien claro que solo en materia de educación y salud se ha perdido una tremenda y millonaria cantidad de recursos en la Corporación Municipal de San Fernando, lo cual ha perjudicado sin duda a muchísimos san fernandinos y san fernandinas quienes han visto afectados gravemente sus derechos fundamentales como lo son salud y educación. La pregunta que todos los san fernandinos nos hacemos es, ¿dónde están estas platas?”.
“Esperamos que la Fiscalía proceda a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles destinadas al esclarecimiento de los hechos y que, en definitiva, se condene a todos quienes resulten responsables por los delitos que se establezcan en la investigación de la Fiscalía (…) Lo que está pasando hoy día en la Municipalidad de San Fernando es una defraudación hacia la ciudad y todos los vecinos de la comuna. ”, agregó la representante del Distrito 34.
Posteriormente, Sepúlveda, Celis y Salas se trasladaron a la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde interpusieron un recurso de protección contra la Cormusaf con objeto de solicitar que se adopten todas las medidas pertinentes para la protección de los derechos de los afectados en base a los antecedentes actualmente bajo investigación.
