Un dato que no puede dejar indiferente a nadie es que 6 de cada 10 comunas de Chile no cuentan con un plan regulador actualizado.
La razón de este déficit radica en la compleja tramitación de los planes reguladores. Hoy la aprobación de los instrumentos se extiende a un promedio de siete años, un período de tiempo que excede una administración municipal de cuatro años.
Con cada cambio de autoridades comunales se alteran los acuerdos y muchas determinaciones vuelven a su punto de partida.
Dicho problema es extensivo a 115 comunas del país que trabajan hoy en la tramitación de planes reguladores. Otras 87 recién los formulan y 10 ni siquiera tienen normas para sus territorios: Buin, Camarones, Camiña, Frutillar, General Lagos, La Cruz, Quilaco, Mallín, Hualaihue, y Antártica.
Por lo tanto, de las 346 comunas de Chile, sólo 135 poseen un plan regulador vigente, que realmente dé cuenta de la situación actual de las ciudades.
La planificación de las urbes ha ido adquiriendo más importancia en el común de las personas. Cada vez más saben qué es un plan regulador, porque todos los días se ven afectadas, porque las ciudades empiezan a evolucionar y cada día crecen. Hay muchas decisiones que empiezan a operar en la vida cotidiana de las personas y que deben referirse al instrumento de planificación territorial.
Esta proximidad de los ciudadanos con la regulación ha hecho cambiar los planes reguladores y los ha vuelto más cercanos.
Los planes reguladores hoy inciden en la propia vida. Por lo tanto, que facilitemos la forma de decisión, de actualización de ese instrumento, pasa a ser un tema más ciudadano de lo que era, pero también económico, porque muchas actividades están reguladas por este instrumento.
Los planes reguladores son claves para las ciudades, porque regulan las condiciones de uso de suelo. Muchos compran propiedades sin saber si estas tienen, por ejemplo, afectaciones o efectos en sus vidas. Tampoco la comunidad participa o se informa cuando se modifican.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, instancia creada para asegurar el avance en el sentido de la construcción de ciudades más equitativas y justas, más integradas socialmente, más democráticas y participativas, a través de su Presidente, Luis Eduardo Bresciani, ha señalado que observa espacios para perfeccionar estos instrumentos, con el propósito de que no impidan densificaciones o destruyan barrios.
La planificación del crecimiento urbano sigue siendo uno de los principales problemas urbanos y son parte de los deberes que no pueden eludir los municipios. Aunque los planes reguladores han jugado ese rol por décadas, hoy se encuentran en crisis, debido a su debilidad para armonizar por sí solos las demandas de mejoramiento urbano con la necesidad de crecimiento y densificación propia de nuestras ciudades. Esto sólo podrá ser resuelto con mejores procesos de participación, que anticipen los conflictos, y un mejor diseño urbano que integre necesidades diversas.
La creación de un programa de actualización de instrumentos de planificación territorial, implementado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ha permitido colaborar técnicamente con municipios para tramitar con más rapidez los instrumentos. Pero aún así los tiempos de respuesta no coinciden con las necesidades reales de las ciudades y sus habitantes.
Hoy el país presenta una alta concentración urbana, que alcanza cerca del 90 por ciento, y el pronóstico es que siga aumentando moderadamente en el futuro. Ya existen 24 ciudades con más de 100 mil habitantes y seis conurbaciones de más de 250 mil habitantes cada una, lo que obliga a la correcta planificación y diseño de un soporte necesario de servicios públicos.
Como CChC hemos planteado la necesidad de perfeccionar las normativas de suelo debido que existen planes reguladores que “están obsoletos“, los cuales deben corregirse. Esto, para evitar el encarecimiento de la tierra y que las personas que buscan viviendas sean desplazadas a la periferia.
Mario Garrido Vidal
Arquitecto
Consejero Regional CChC Rancagua
