La discusión sobre la constitucionalidad del proyecto de reforma al Código de Aguas se ha centrado en argumentos jurídicos en cuanto si habrá o no una expropiación encubierta de los derechos de aprovechamiento de aguas, cualesquiera que sean las razones esgrimidas.
Algunos, como el abogado Atria, arguyen que no hay tal inconstitucionalidad por cuanto la ley no expropia las aguas que el propio código las define como un bien nacional de uso público y lo que está en discusión es la expropiabilidad del derecho a su uso. Por su parte, los agricultores sostienen que expropiar un derecho real como lo son se atenta contra el derecho de propiedad claramente establecido y protegido en el Art. 19 de la Constitución.
El derecho de propiedad sobre cualquier bien garantiza al detentor el libre uso y el no uso es un uso. Si no lo fuera, el estado podría expropiar todos aquellos bienes que tienen ociosidad debido a su uso discontinuo. Los automóviles se usan algunas horas del día. La propia casa permanece ociosa mientras sus habitantes no están gozando de ella cuanto se encuentran en otro lugar fuera. Los aparatos de televisión, celulares, radios, ropa, alimentos, etc. porque no se consumen en forma continuada sino algunas horas o días, o incluso meses como las segunda vivienda. El concepto de continuidad en el tiempo infinito no discrimina por horas, días, cantidades, destinos, etc.
Uno de los argumentos para justificar la expropiación es el garantizar su uso humano, lo que es un reduccionismo puesto que el ser humano consume agua sea con los alimentos provenientes del agro como cuando sacia su sed con simple vaso de agua. Por otra parte, más del 85 % de los chilenos tiene acceso y goza de agua potable. Más aun, en Chile el 90 % del agua dulce se bota al mar como lo señalé en una columna anterior (Sobra o Falta Agua) citando uno de los más ilustrados ingenieros expertos Eugenio Celedón. El estado prácticamente ha permanecido indolentemente ocioso respecto de un mejor aprovechamiento de esas aguas. Para la burocracia y los políticos es más simple y no requiere pensar dictar una ley que permita expropiar a dedo.
Pero, la expropiación del derecho de aprovechamiento de las aguas es un acto prepotente del estado mefistofélico porque causa un daño irremediable a la tierra que permite regar. El valor de una hectárea de tierra de rulo o cuyo propietario no posee derechos de aprovechamiento va, en la zona central, de $ 2,1 (oferta en Melipilla y Mallarauco) a $ 3,5 millones (Linares). En cambio una hectárea de tierra regada vale entre $ 15 a 20 millones en Pichidegua y $ 35 millones en Paine. Por lo tanto si el estado decide expropiar un derecho de agua a un agricultor su tierra pierde el 90 % de su valor. Una nueva versión de la Reforma Agraria encubierta. ¿Un homenaje socialista al tirano Fidel que ya partió a reunirse con el Che Guevara, Stalin, Hitler, Nerón y otros criminales históricos?
Javier Fuenzalida Asmussen
