La reforma constitucional desencadenó una interminable discusión sin que nunca se haya explicitado por qué cambiarla y menos aun qué habría que cambiar, borrar o agregar. La izquierda montó una estrategia con una metodología tal para que sus propias ideas, aunque vagas, pudieran aparecer como emanadas de un consenso abrumador de una aparente falsa mayoría ciudadana que, sin duda, en más de un 90 % nunca ha leído la constitución. Para darle un halo de objetividad creó una Comisión de Observadores que se esperaba aprobara lo que saldría. ¿Cuántos de dicha comisión la habrán leído. Me temo que muy pocos y se gastaron $ 3.500 millones.
Primer costalazo, los observadores tomaron muy en serio su misión y prestigio y plantearon críticas y exigieron cambios con el fin de tratar lo imposible: que la metodología produjera una especie de mini plebiscito, objetivo no alcanzado como lo testimonian en su lato informe de 135 páginas que Bachelet debió recibir con forzada sonrisa. La mitad del informe se refiere a las múltiples correcciones y cambios que exigió al gobierno que tuvo que ceder.
Segundo Costalazo. El informe señala que las ideas y opiniones vertidas están muy lejos de constituir una muestra de lo que los ciudadanos piensan ¿La razón? La falsa metodología propuesta no permite inferir ni extrapolar al universo de votantes las ideas y opiniones de los cabildanos, aun con 204.000 opiniones por 91.804 personas en 8.981 reuniones. Si el gobierno honestamente hubiera solicitado un estudio o investigación a alguna universidad, con toda seguridad ninguna habría ofrecido el método Bachelet. La teoría del muestro estadístico exige como condición básica la selección al azar y no a dedo, deficiencia que el Comité de Sintetización formado por distinguidos académicos así lo hace presente. Aun no están disponibles otros análisis del Instituto de Argumentación y Razonamiento de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Chile que se dice manifiestan otros errores. Con todo, el informe del Comité de Sintetización se basa en distribución por edades de los opinólogos que difiere de los datos demográficos del INE con lo que, de inicio, se rechaza la validez de las conclusiones. (Además el gráfico que los acompaña contiene errores)..
Tercer costalazo. La lectura del informe de la Comisión de Observadores vis a vis la actual constitución indica que, de ser válida las conclusiones, es poco lo sustantivo que habría que modificar. Los observadores enfatizan de inicio que los derechos son el origen de todas las constituciones. Es importante esta afirmación inicial porque los partidarios de cambiarla critican que después de 38 años de vigencias los derechos han permanecido “intocados” (Couso y Tohá, El Chile que Viene, pag. 183, 2009). Desde luego ningún artículo de los primeros 20, particularmente el 19 con sus 26 numerales sobre derechos de las personas, pueden derogarse. La razón muy simple, los cabildanos casi en su totalidad defendieron los derechos humanos definidos en los 30 artículos del Estatuto de la ONU suscrito por Chile hace casi 70 años como así mismo el Estatuto de los Niños de la ONU también suscrito por Chile hace cerca de 50 años. Esto es, los primeros artículos sobre la igualdad ante la ley y derecho a la vida (1°), DDHH, igualdad de género, pluralidad (2°), Justicia , libertad personal(3°, 7°), Democracia y voto (4°) son claros al respecto. Así mismo, el actual Art 19 con 26 numerales ya contiene las propuestas como la igualdad (1°), equidad (2°), debido proceso (3°), respeto y convivencias (4°), la privacidad (4°, 5°), libertad de culto (6°), respeto a la constitución y las leyes (6° y 7°), cuidado del medio ambiente (8°), Salud (9°), la propiedad de la nación de los recursos naturales; la libertad educacional (10° y 11°) con contenidos mínimos de los planes de educación, algo que hasta hoy el Mineduc transgrede impunemente. Siguen el derecho al trabajo (16°), Seguridad social (18°), la libre iniciativa económica (15°,16°,19°, 21°), igualdad de los tributos (20°), derecho de propiedad (23°, 24°).
En cuanto a las instituciones, se propone la descentralización que ya está establecida en el Art. 3 pero que ningún los gobierno ha cumplido. Esta se ampliaría con ideas que van hasta el federalismo. De igual modo las FFAA están subordinadas al poder civil (Cap. X).
Algunas propuestas no son materias constitucionales como los derechos de los animales. De existir, debiera ser extensivo a todos los seres vivientes sin discriminación, en cuyo caso debiera incluir a los vegetales. Todos moriríamos de hambre. También se propone especificar los derechos sociales (¿?). Sin embargo estos jamás podrán anteponerse a los derechos naturales que son inherentes al hombre, no así los sociales cuyo origen es una convención posterior.
Entre las pocas ideas nuevas están los presuntos derechos de los pueblos originarios, lo que contradice la igualdad ante la ley y la no discriminación. Todos, en mayor o menor grado somos originales. El historiador Sergio Villalobos señala que los araucanos, o cualquier que sea su denominación, mapuches, pehuenches o huilliches, no son originarios porque llegaron de otras latitudes, lo hace que el Acuerdo 169 de la OIT no tenga fuerza. El informe entregado esta semana plantea tal cantidad de medidas que no habría presupuesto que aguante. Distinto es destinar recursos para ayudar a los más necesitados, mapuches y no mapuches, y educar para que puedan generar sus propios recursos en igualdad de condiciones con el resto de la población pobre e indigente.
En otro ámbito, se propone ser explícito en cuanto al patrimonio histórico, idea que cabe debatirse como principio constitucional.
Respecto del plebiscito, éste existe actualmente (Art 117), solo que ahora tendría una carácter vinculante, agregando para otros casos los referendos y consultas no vinculantes (Art. 107) y el referendo revocatorio, medidas todas que amplían la participación activa de los ciudadanos en materias de alto interés para la nación.
Una nueva idea es contar con un congreso unicameral para simplificar y agilizar el mecanismo legislativo hoy obsoleto y abusivo. Se agrega además eliminar los colgajos monetarios de los parlamentarios y altos funcionarios públicos (reducción de dieta, remuneraciones, asignaciones de gastos y otros despilfarros). Se propone definir y establecer sanciones explícitas y ejemplarizadoras ante las faltas al reglamento ético de los parlamentarios y funcionarios públicos que habría que precisar. Dicho reglamento hoy es letra muerta en materia de sanciones. Los diputados Rivas, grosero, y Letelier culpable de numerosos delitos de tránsito y alcohol no serán expulsado y seguirán en el congreso usufructuando de altísimos ingresos como si nada.
La creación de la figura del defensor del pueblo hace tiempo que está empantanada. Esta es una iniciativa importante porque permite a los ciudadanos equiparar y balancear su poder en sus contiendas en contra del estado, lo que hoy no sucede dado el poder de cientos de abogados del Consejo de Defensa Fiscal. (Los casos de los conscriptos víctimas del Laja, de los terremotos e incendios son emblemáticos) Con todo, no es conveniente que los defensores públicos se designen por votación popular.
La propuesta respecto del sistema de reparto de la previsión social es inviable porque atenta contra la libertad, y de propiedad entre otros. Además los problemas actuales no derivan de la existencia de operadores del sistema, las AFP, sino de aspectos demográficos e incumplimiento y lagunas de cotización y pagos, materias que deben ser resueltas en la respectiva ley.
Cuarto costalazo. Otras materias promovidas por la izquierda no tuvieron eco en los cabildos y no figuran en el informe tales como eliminar el rol subsidiario del estado y las explotaciones concesionables de recursos naturales (N° 21, Art 19), el impuestos al patrimonio (N°20, Art. 19), la derogación del Art. 9 que define al terrorismo como contrario a los DDHH, las expropiación sin pago (N° 24, Art 19), eliminación del Tribunal Constitucional (cap. VII), disminución de los quorum que requiere la aprobación de proyectos calificados, etc.
Si Bachelet respeta el torcido mecanismo que adoptó en su intento de pasar de un gobierno socialista a un estado socialista deducido de los contenidos de la reforma (el Consejo de Observadores obligó a eliminar la frase “nueva constitución”) debería sujetarse estrictamente a las opiniones manifestadas por 91.804 personas que acudieron a su convocatoria, pero que aun así carecen de legitimidad.
Está pendiente el plebiscito. Dadas las diferentes visiones y materias deberá convocarse a dos plebiscito, uno respecto de los derechos y otro referido a los mecanismos institucionales. Ambos deben proponer varias opciones a elegir. La experiencia de Islandia fue muy exitosa al respecto.
La gran conclusión es que cambiar la constitución al estilo Atria (por las buenas o por las malas) o Couso significa violar los derechos naturales de los individuos, eliminando algunos o subyugándolos al estado o condicionarlos a la primacía de derechos sociales. Puede mejorarse, pero de ninguna manera pasar por encima de los derechos humanos contenidos en los 30 artículos del Estatuto que rige en Chile. En caso contrario caeríamos en las constituciones socialistas tipo Cuba, algo que ya ni siquiera los cubanos creen y que yacen mezcladas con las cenizas de Fidel.
