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Académico de la UTALCA estimó inviable que la reconstrucción demore un año

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Andrés Maragaño, académico de la Facultad de Arquitectura, analizó varios aspectos relacionados con los “Santa Olga”, descubiertos a raíz de los incendios forestales, asentamientos que comparten la condición de precariedad.

 

La conveniencia de que el país disponga de una institucionalidad de reconstrucción de carácter permanente, con una lógica propia y no sujeta a los tiempos políticos, expresó el arquitecto Andrés Maragaño, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, al analizar la etapa post catástrofe que afectó a poblados del secano, a raíz de los incendios forestales.

 

Esta institucionalidad debería servir ante todo evento que genere desastres, según el planteamiento de Maragaño, quien fue uno de los académicos de la Escuela de Arquitectura que participó en iniciativas de reconstrucción tras el 27F.

 

En el caso de los incendios forestales recientes, y con la mirada del país y de los medios puestos en Santa Olga, Andrés Maragaño observó que existe mucha presión para generar soluciones rápidas.

 

“Hay una demanda muy fuerte por ser eficiente en la reconstrucción, por lo que el Gobierno decidió producirla por sí mismo, lo cual en esencia no está mal, implica superar la falta de integración de recursos del Estado para afrontar con los recursos y que las instituciones se tengan que ensamblar rápidamente entre ellas mismas y con los pobladores. Aquí aparece un modelo que el gobierno de Piñera no aplicó porque lo que él hizo fue traer empresas privadas e involucrarlas en la reconstrucción”, comentó.

 

A juicio del académico, en este contexto de celeridad, la Ministra de Vivienda dijo que la reconstrucción demorará un año, pero Maragaño consideró que es posible responder con soluciones de emergencia, dado que no es viable generar un buen proyecto en tan poco tiempo, con un plan maestro organizado, una  buena infraestructura, servicios y espacios públicos.

 

Además, recalcó que se requiere de un criterio de sostenibilidad para proyectar este tipo de asentamientos hacia el futuro, considerando que más allá de los daños provocados a las personas y a los bienes, lo que salió a la luz con el desastre es la precariedad de esos lugares, asociados a la producción forestal.

 

“Es una condición extendida, un territorio que en los últimos 50 años ha cambiado mucho. En el secano tenemos pueblos muy antiguos como Nirivilo, Huerta de Maule o Empedrado y luego una serie de asentamientos asociados a aserraderos, a mano de obra para las empresas forestales”, dijo, tras lo cual añadió que estos poblados están casi dentro de las plantaciones y no tienen regulación como ocurría con Santa Olga, antes que la consumiera el fuego.

 

“Estos asentamientos productivos deben tener una calidad mínima para sostenerse”, recalcó, junto con destacar que se requiere de planificación para pensar incluso en la infraestructura, en la conexión con los servicios e incluso las dimensiones de estos y una legalidad en términos de riesgos.

 

En relación a la nueva base productiva del secano, hizo notar que se trata la superficie que involucra es muy grande porque “solo la CMPC tiene territorios en toda esa área desde el Biobío a la Región de O’Higgins y, por lo tanto, es casi una región paralela”.

 

“La mano de obra que requiere una empresa de esas dimensiones equivale a varias Santa Olga y de hecho ha sido así. Santa Olga no es el único lugar afectado”, apuntó e indicó que en la Región del Maule los incendios arrasaron 50 mil hectáreas.

 

Respecto a la distancia que debería existir entre un asentamiento y el bosque, el docente sostuvo que no debería ser menos a 100 metros “y las empresas también deben construir cortafuegos”.

 

Por otra parte, no obstante la importancia que la producción forestal ha adquirido para la economía del secano y las altas ganancias que obtienen las empresas del rubro, la encuesta Casen detectó una gran pobreza asociada a estas áreas.

 

“En el Biobío hay en ellas un 25% de pobreza. Existe una disociación importante porque si bien las personas tienen trabajo en las faenas forestales, hay pobreza desde el punto de vista de los ingresos familiares y también por una falta de infraestructura y equipamiento”, comentó.

 

“Por un lado el Estado debe participar y las instituciones en general deberíamos hacernos cargo del problema. Ahí hay un esfuerzo, un proyecto de futuro que hay que desarrollar en esos asentamientos”, dijo y agregó que debe ocurrir más que la entrega de una casa completa.

 

Andrés Maragaño detalló que no ha habido petición de ayuda a la Escuela de Arquitectura, “pero sí hemos estado atentos a la reconstrucción, proceso que debe hacerse con la gente y bien llevado. Por eso estimo que demorará más de un año”.

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