La nueva (y criticada) Ley de Estacionamientos, ha generado múltiples críticas de especialistas y académicos, y por sobre todo, de los usuarios de este servicio. El SERNAC detectó alzas hasta de un 76% desde la entrada en vigencia de la ley, lo cual es excesivo y fuera de foco considerando que es a nivel país un servicio fundamental. Ello nos permite evaluar tres puntos importantes, de los cuales se puede concluir la imposición de esta ley.
El primero, es que hubo una evaluación deficiente por parte de la comisión investigadora en el Congreso, lo que llevó a una discusión sin trasfondo. El segundo punto son los conflictos de interés generados con esta nueva ley. Consideremos que los estacionamientos son una vía de ingreso seguro y con una tasa de retorno elevada debido a la baja inversión que se debe generar sobre éstos frente a la cantidad de usuarios. Por lo cual, continuando con este punto, se generó beneficios sobre un determinado sector, en contraste sobre el consumidor desprotegido.
El tercer punto, y más subliminal, es que las autoridades buscan descongestionar el país, debido a la alta plaza de vehículos existente y en constante aumento, lo que lleva a problemas de transporte y en calidad de vida (salud), buscando así que los usuarios del transporte privado migren al público, ya que afecta directamente su bolsillo el uso del vehículo particular. Al analizar los puntos expuestos anteriormente, los tres son aceptable, pero, existe un problema frente al punto tres, en el cual no hay un transporte público que permita la eficiencia y calidad de conectividad a nivel país, por tanto, los dos primeros son los que entregan la base para emitir el juicio sobre la aplicación de esta nueva ley de estacionamientos. ¿Soluciones? mejorar el transporte público, ya que de tener uno que entregue al usuario la calidad, eficiencia y comodidad necesaria, el impacto de esta ley sería mínimo sobre el consumidor.
Camilo Cornejo
Académico Facultad Economía y Negocios UNAB
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