Preocupante los reclamos de los rectores de universidades privadas ante la ilegalidad deliberada cometida por el gobierno. De acuerdo con la ley, el estado tiene la obligación de aportar recursos a todas las universidades privadas, institutos profesionales y Centros de formación técnica conforme el mecanismo del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) cuyos recursos debieron haber sido asignados en la correspondiente glosa del presupuesto que burdamente hicieron desaparecer, sin que hasta el momento haya sido enmendada tal ilícito ni se haya sancionado a los funcionario público responsables.
Ante tamaña irregularidad, a la Universidad Católica no le quedó otra alternativa que demandar al fisco, acción que ha sido apoyada por varios rectores y que el gobierno ha tratado de convencer al rector Sánchez para que desista de esta acción, pero sin pronunciarse sobre los recursos que omitió.
Bachelet, en una doble actitud no ha resuelto la violación a la ley en que ha incurrido sino que, sin pudor, invita a los rectores de las universidades privadas a “dialogar” sobre la reforma a la educación superior ¿invitarlos a qué?
Simultáneamente, como orquestado, el rector de la Universidad de Talca señala en un artículo de prensa que AFI cumplió su ciclo, como justificando la ilegalidad cometida por el gobierno. Desde otro flanco, el rector la Universidad de Chile viraliza un video en que trata a las universidades privadas de “callampas” y otro tanto hace el rector Zolezzi de la Universidad de Santiago. No merecen ser rectores personajes tan vulgares.
El Consejo de Universidades Estatales sostiene que son callampas de acuerdo con datos del Ministerio de Educación que indicaría un alto índice de deserción en primer año, información falsa, porque no hay ninguna que acuse un índice de deserción superior en primer año de 50 %, muy por el contrario, sus índices son inferiores al promedio y no sobrepasan el 17 %. Otro de los argumentos falaces de los rectores de las universidades estatales es sostener que las categorías de estatal y público son sinónimas, por lo tanto el estado solo debiera destinar recursos a las universidades estatales, sin importar que sean buenas o malas. Ignorancia supina.
Esta campaña de desinformación inventada por Vivaldi y Zolezzi recuerda las técnicas de desinformación tan perfeccionada por los gobiernos tipo unión soviética. La mentira, o posverdad como eufemísticamente se le denomina ahora como para darle un velo de seriedad.
Primero, el 60 % de los estudiantes de la educación básica asisten a instituciones privadas, en la educación media llega a 67 % y 88 % en la educación superior algo inaceptable para el socialismo del gobierno y algunos rectores. Segundo, las universidades privadas han progresado significativamente aumentando sus años de acreditación. Mientras la UC y la UC de Concepción muestran una acreditación institucional de siete años, solo la U la iguala y en general las instituciones de educación privadas superan en años de acreditación a las estatales.
Los rectores de la Universidad Diego Portales y Albert Hurtado, Peña y Silva (reconocidamente críticos de la derecha), en una reciente publicación dejan al desnudo los maquiavélicos objetivos y pretensiones de los rectores de las universidades estatales liderados por Vivaldi y Zollezzi. Liquidado el aporte estatal, en cualquiera de sus formas, y obligadas a ser gratuitas y sin créditos con aval del estado, las universidades privadas entrarían en una crisis económica y financiera de tal magnitud que las obligaría a elevar su matrícula por sobre las estatales, perdiendo matrícula, cumpliéndose así uno de los objetivos Vivaldi-Zolezzi y demás colegas.
Consecuentemente, tendrán que disminuir gastos distintos a los de la pura docencia, esto es suprimir la investigación, vinculación con el medio y sus publicaciones de libros y revistas científicas y técnicas, con lo que caería notablemente la calidad de su enseñanza. Hoy, los principales favorecidos con la investigación científica y tecnológica son los propios estudiantes.
Producida esta jibarización con una caída en la calidad de la educación que imparte, se producirá una mayor reducción en el número de años tanto de acreditación institucional como la de las diferentes facultades donde se imparten las carreras universitarias y pérdida de matrícula. Los casos de la Universidad del Mar, Gabriela Mistral, las Américas, Iberoamericana y recientemente Arcis han pasado por estas crisis. Dos ya no existen.
El maldad de Vivaldi-Zollezzi raya en la inmoralidad. La Corte Suprema ratificó en diciembre pasado el fallo del Consejo para la Transparencia que impuso una multa pecuniaria a Zolezzi, mientras sea rector, por negar información a dos ex docentes que los dimitió en 2013. Vivaldi, socialista desde su juventud, actúa como los antiguos masones en su actitud ante la educación privada en Chile. Andrés Bello debe estar llorando desde su lugar en la eternidad.
