Ninguna autoridad, intendente, alcalde, concejales y políticos, ningún arquitecto, sociólogo o psicólogo se han preguntado porque en la Alameda pasada la estación central se están construyendo edificios de hasta 40 pisos con departamentos de alrededor de 50 m2, 3.000 departamentos por edificio etc. Todos los amantes del urbanismo han dado la voz de alarma con diferentes débiles argumentos y en forma peyorativa. Se les denomina Guetos. El alcalde Lavín quiere construir viviendas en sitios de 50m2 ¿casas de 30 m2? en un terreno en disputa con Vitacura? ¿No serían guetos? ¿Y no son guetos los edificios apiñados en La Dehesa, las Condes o Ñuñoa? No. No son guetos porque tienen superficies de 150 a 500 m2 y cuestan de $ 200 a $700 millones. Ubíquese. ¡Son “condominios!.
Echarle la culpa a las deficiencias de la ley de urbanismo y construcciones o los planes reguladores o hablar en contra del hacinamiento humano, como si los condominios de La Dehesa y Las Condes fueran puro campo, es insultar y referirse en forma despectiva de los moradores modestos de estos enormes edificios. La alharaca del intendente, el alcalde y sus concejales y despotricar contra una especulación inmobiliaria es no entender nada. La culpa es la ley que permite que una población de ingresos bajos habite en mejores condiciones que los Bajos de Mena, por ejemplo. Una vez más la burocracia funciona como el cojo frente al empedrado.
Al coro burocrático se le suman arquitectos que despotrican contra la ciudad inhumana, pero están prontos a aceptar los encargos de los desarrolladores inmobiliarios para construir lo que les pidan, sin importar de lo que le sucederá al vecino, el barrio o la ciudad. Antiguamente, firmaban orgullosamente los edificios que proyectaban, hoy ocultan sus nombres.
El tema de fondo que el estado esquiva son las opciones que enfrentan los que habitarán estos departamentos. El título de esta columna así lo indica. Una persona o familia que vive en La Granja, en la Pintana, en Bajos de Mena, en Quilicura consume o malgasta 1.136 horas anuales movilizándose en el Transantiago entre que sale de su hogar y llega al lugar de trabajo (4 horas al día, incluyendo las esperas en los paraderos) y que se repite 284 días hábiles anuales. Esas cientos de horas no son ni ocio ni relajo ni descanso ni distracción, son 1.136 horas improductivas. Desutilidad pura: sueño, malestar, incomodidades, mucha veces de pie, hacinados, soportando raperos y cantantes chillones desafinados. Un infierno. Pero además un infierno caro porque el costo de oportunidad o alternativo es trabajar esas horas. El ingreso al que deben renunciar por este sacrificio es de US $ 5 por hora, o sea US $ 5.680 por año (considerando que esa población tiene ingresos menores a la media del país). Un citicar casi nuevo. Es claro que puede ser exagerado este cálculo porque no todas esas horas pueden transformarse en horas de trabajo remuneradas, pero aun si fuera el 60 %, estaríamos hablando de us $ 3.400, una moto. Si los números anteriores los multiplicamos por el número de personas en la familia que perciben ingresos, la cifra crece a más del doble.
Frente a este costo ¿Qué puede hacer el vecino de La Pintana o de otro barrio periférico de Santiago donde lo mandó vivir el Ministerio de la Vivienda? Ir a vivir a estos nuevos condominios (“guetos para los detractores progres”) que lo acerca significativamente a su lugar de trabajo, sea en metro, en el Transantiago o a pie dependiendo de la distancia. No hay duda que ahora se ahorrará este costo real de vivir en la periferia, más la seguridad que no le entrarán a robar o a asaltar llevándose el televisor, el equipo de música, el celular, la bicicleta, moto o su citicar. No hay duda que le cambia la vida a este nuevo vecino céntrico. Sí, pero el alcalde y el intendente le dice que vivirá hacinado en 50 m2. ¿Acaso las casas de subsidio tienen 150 m2? No. Vivir en la Legua, la Granja, Puente Alto ¿No es vivir hacinado? ¿Conoce los Bajos de Mena?
Para la burocracia estatal nada es más simple y fácil que prohibir estos edificios como lo ha dictaminado abruptamente y irreflexivamente el Alcalde de Estación Central, congelando los permisos mientras tramita una norma para autorizar miniguetos. De esta forma niega y discrimina un derecho a los potenciales nuevos moradores que han tomado una decisión inteligente y racional y los mantendrá desterrados en sus lugares de origen en feas poblaciones, sin plazas, parques ni jardines.
Sin embargo hay soluciones como es condicionar su habitabilidad mediante normas que aseguren la mantención: ascensores funcionando, aseo de los espacios comunes, seguridad personal adecuado y una administración idónea. Eso significa que el valor de los gastos comunes ascendería, pero hay que recordar que la alternativa de vivir en la periferia le cuesta un automóvil anualmente mucho más que el pago de gastos comunes realistas para una buena gestión.
¿Y los reparos de los actuales vecinos que viven en los alrededores? La Constitución (Art. 107) estableció la consulta o referéndum comunal. Aunque no es vinculante de hecho obliga a las autoridades comunales a respetar la decisión mayoritaria (no serán reelegidos). Ocurrió en Vitacura contra las edificaciones en altura y en Las Condes contra un proyecto de un mall cerca del Estadio Español. Si los vecinos se oponen, así deberá ser, si los aceptan porque les valoriza sus propiedades, nada tiene que hacer el intendente y el alcalde salvo hacer realidad los sueños de los habitantes que están por sobre las aspiraciones de urbanistas queméricos que ignoran a la población de menores recursos.
