El Poder Judicial chileno se ubicó –nuevamente– en el primer lugar del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet (IACC), que elabora el Centro de Justicia de las Américas (CEJA).
El indicador compara el nivel de acceso a la información que se puede obtener de las páginas web de los poderes judiciales y ministerios públicos de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la mañana de hoy, martes 18 de abril, el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, hizo entrega de los resultados de la medición al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, en una reunión realizada en el Palacio de Tribunales.
En esta versión, el índice global, que promedia los valores de ambas instituciones, es liderado nuevamente por Chile, con un 69%; seguido por Guatemala con un 63,86%, país que subió dos posiciones en relación con la versión anterior; Paraguay, con un 62,17%, que mantiene su tercer lugar en el ranking; Costa Rica, con un 61,11%, país que descendió dos posiciones en relación con la versión anterior; y Colombia, con un 60,34%.
En relación con los Poderes Judiciales, el ranking sigue liderado por Chile, con un 75,87%. Le sigue Perú, con un 74,55%, subiendo diez posiciones en relación con el IAcc 2014; Costa Rica, con 72,1%, bajando una posición; El Salvador, con 69,65%, subiendo un lugar; y Paraguay, con un 64,69% , bajando una posición.
Respecto de los Ministerios Públicos, el IAcc es liderado por Colombia, con un 70,26%, subiendo tres posiciones en relación con la medición anterior; le sigue Guatemala, con un 63,61%, cinco posiciones más arriba que el año 2014; Chile, con un 62,15 por ciento, bajando un lugar; Paraguay, con un 59,66%, que también bajó un puesto; y Honduras, con un 58,62%, subiendo cinco puestos.
El presidente Dolmestch señaló que este resultado «demuestra el esfuerzo que se realiza desde el Poder Judicial por cumplir con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas y por facilitar que los usuarios conozcan la información que necesitan de manera amigable y oportuna». Agregó que «el Índice es una medición objetiva que registra que el trabajo que se realiza en esta materia -especialmente desde el área de comunicaciones, informática y desarrollo institucional- es de alta calidad y que los usuarios cada vez tienen mejores canales de información. Es una buena noticia, pero al mismo tiempo un gran desafío de seguir avanzando».
Por su parte, Jaime Arellano destacó la posición alcanzada por nuestro país: «El estudio mide a todos los países del sistema interamericano y Chile nuevamente obtiene el primer lugar. Sin duda hay desafíos porque hay muchas áreas en que se puede seguir mejorando en forma continua el acceso de la información, para el debido control de la ciudadanía».
El IACC –que se elabora desde 2004- mide institucionalización digital, es decir, la existencia de un sitio web que agregue información de la institución evaluando si agrega información de diversos niveles y jurisdicciones territoriales; información sobre procesos; información sobre gestión institucional; información sobre estadísticas funcionamiento: Información sobre gestión judicial: como agendamiento de audiencias, por tribunal y por el territorio donde se encuentra (sólo para tribunales); información sobre Recursos materiales y humanos: Recursos de infraestructura, tecnológicos y humanos con que cuentan estas instituciones.; información sobre presupuestos: asignado y ejecutado del año en curso y del último año concluido; información sobre funcionarios: antecedentes curriculares, patrimoniales, y temas disciplinarios de funcionarios relevantes; información de licitaciones y concursos y finalmente; se evalúa el régimen de acceso, es decir, si los servicios que presta el sitio web, y que son efectivamente evaluados, son de acceso gratuito y es universal, si se requiere ser cierto tipo de usuario en específico, o si es necesario pagar por ellos.
Sobre el portal del Poder Judicial de Chile, el informe destaca la facilidad de navegación y la gran cantidad de información que contiene, recomendando mejorar la información sobre salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y materias disciplinarias.
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