Gran parte de las indicaciones sustitutivas que el gobierno ha propuesto al proyecto de educación superior han sido ampliamente rechazadas por la comunidad académica. Importantes opiniones como las de los rectores del grupo de universidades privadas del Cruch, las de los rectores de otras privadas excluidas de esa organización y reconocidos expertos como José Joaquín Brunner son ignoradas por las autoridades educacionales. Los objetivos señalados en el mensaje que sustituye al proyecto anterior quedan anulados por la institucionalidad y sus normas que se pretende establecer porque a juicio del gobierno está “completamente desregulado” como si ello fuera un pecado, incluyendo a la Comisión Nacional de Acreditación, a juicio del gobierno, una pieza suelta en el contexto estatal. A modo de ejemplo, sus consejo no podrá estar constituido por quienes entienden de educación superior, luego solo burócratas bajo la tuición del Mineduc. El estado piensa que no puede existir la acreditación voluntaria, lo que viola la libertad educacional.
La ministra no tiene competencia en esta área. Así lo demuestra su curriculum y el Ministerio de Educación sin injerencia anterior en la educación superior no tiene “expertise”. Así, el proyecto en cuestión parece más apropiado para un jardín infantil o la educación básica que otra cosa. El rector de la UDP Carlos Peña juzgó el chasco del AFI como “una confusión de una increíble desorientación intelectual”.
Esto es así, porque la autonomía universitaria no puede estar sujeta a reglas y regulaciones. La misión de la educación terciaria es generar conocimientos a través de las investigaciones, de desarrollar el espíritu crítico y reflexivo en sus estudiantes, características resultantes de sus propósitos objetivos y metas y que se traducen en sus respectivos planes de estudios. Tienen una dinámica propia del espíritu libre e incompatible con las normas y regulaciones que el estado impone en general a otras actividades. La libertad académica es algo inherente a la universidad y que se manifiesta en un proceso continuo de autoevaluación para avanzar a un estadio superior. De otra manera vegetaría en la mediocridad burocrática. Los propios académicos de las universidades estatales defienden con vehemencia estas características.
La semana pasada el Presidente del Comisión Nacional de Acreditación (CNA) invitó a rectores, autoridades y académicos para presentarles, en su décimo aniversario, la cuenta pública que revela la valiosa experiencia acumulada que le permite practicar con eficiencia la evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior. Hoy la CNA esta próxima a ser acreditada por la Quality Assurance Agencies in Higher Education. En su trayectoria ha acreditado institucionalmente 86 universidades, IP y CFT y 1.347 programas de pregrado, 374 de posgrado y 592 en el área de salud, certificando la consistencia entre la misión, objetivos y propósitos y misión con los procesos adoptados por cada acreditado y sus resultados los que son juzgados en sus méritos. Todas las personas que intervienen en CNA son académicos de reconocida trayectoria en sus respectivas especialidades y experiencia docente y en investigación.
Lo sorprendente de la cuenta público fue su casi total desacuerdo y crítica con las indicaciones sustitutivas presentadas por la Ministra de Educación en lo relativo a la CNA. Son graves y serias observaciones por provenir de destacados académicos con vasta experiencia en su trabajo universitario sean directivos de la CNA como también su cuerpo técnico y sus pares evaluadores. Constituye un cuerpo que posee la competencia de que carece el Ministerio de Educación.
El proyecto del gobierno fue revisado por la CNA y sus 24 observaciones más una decenas de omisiones pertinentes fueron expuestas en audiencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del 8 del corriente. Sería larga enumerarlas. Se refieren a la autonomía de la CNA, a su metodología que hace innecesario y contraproducente la fijación de standars, normas y regulaciones que atentan contra la imparcialidad y objetividad de los criterios de esta institución, amén de conducirla a una excesiva burocratización propia de las instituciones estatales. De igual modo, estos excesos terminarían por violar la autonomía de las propias instituciones de educación superior y lo que es peor atentar contra la dinámica de las mismas. La educación terciaria no es lo mismo que un jardín infantil, una escuela básica o de educación media. La Ministra del Piano y su Ministerio no han logrado comprender lo que es la educación terciaria.
En otros aspectos, el proyecto mantiene el carácter excluyente del Cruch. Deja afuera universidades privadas nuevas que, en el ranking relevante, superan a un buen número de universidades estatales. El colmo de la arbitrariedad es haber incorporado universidades estales nuevas que apenas han comenzado a funcionar y que por lo tanto no pueden mostrar categorías de excelencia y que gozan de una acreditación de papel.
El reconocimiento de una institución no está dado por un certificado emitido por el estado sino por la excelencia de su desempeño que lo que la CNA persigue. Durante muchos años los grados otorgados por la Universidad Santa María, una de las mejores del país, no era reconocida por el estado. De igual modo, el estado desconocía los de la Escuela de Negocio de la Fundación Adolfo Ibáñez, núcleo desde donde nació la actual universidad de ese nombre y que está entre las mejores del país. La propia Universidad Católica debía someter a sus alumnos a examinadores estatales. Es el socialismo del conocimiento que ha fracasado en todo el mundo.
Una vez más estamos frente a un mal proyecto, casi peor que los anteriores.
Javier Fuenzalida Asmussen
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