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Chile marcha para exigir una mejor regulación del cannabis

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Cerca de 80.000 personas de todas las edades salieron a marchar este pasado sábado 3 de junio por la Alameda de Santiago, principal vía de la capital del país, para exigir una nueva política de drogas que resguarde de mejor manera los derechos a la salud, seguridad pública y la autonomía personal, tanto de los usuarios medicinales como recreativos de cannabis.

 

Ante el gran aumento de imputados por cultivo y tenencia de cannabis que han debido enfrentar los usuarios en los últimos meses, las agrupaciones que participaron en esta manifestación familiar y pacífica impulsaron el lema “No más daños”, como consigna principal de la decimotercera versión de la marcha “Cultiva tus Derechos”.

 

Las cifras oficiales entregadas por el Ministerio Público sobre el total de procedimientos policiales por cultivo y tenencia de cannabis en los últimos cuatro años, incluidos los usuarios medicinales, muestran un constante aumento en la materia:

 

2014: 1.013 imputados

2015: 1.361 imputados

2016: 1.439 imputados

2017 (enero a abril): 1.070 imputados

 

A pesar de ello las cifras de Fundación Daya, sobre el número de pacientes que tratan sus patologías en base a cannabis y que han debido enfrentar este tipo de procedimientos policiales es menor al 1% del total de usuarios medicinales registrados en la organización. Esto, a pesar de que el autocultivo de cannabis está permitido por la actual legislación chilena.

 

Cabe recordar que la ley vigente en Chile permite el cultivo de cannabis siempre y cuando la producción vegetal esté destinada al “consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”, que incluye los tratamientos médicos, ya que la normativa persigue el tráfico de ciertas sustancias, dentro de las cuales se encuentra el cannabis, no así el cultivo y consumo de cannabis cuando es para uso personal.

 

A pesar de que el autocultivo en Chile no es delito y no requiere autorización alguna, la confusa redacción de la ley ha permitido un incorrecta interpretación por parte de las policías y fiscales, quienes tienen a cargo la persecución penal. Es por ello que algunos usuarios medicinales han sufrido la incautación de sus cultivos y en algunos casos han resultado detenidos.

 

Aunque el respeto a la letra de la ley y su espíritu original comenzó a ser una realidad a partir de un primer fallo positivo de la Corte Suprema en junio del 2015 —al que le siguieron múltiples fallos de diversos tribunales que han permitido el sobreseimiento de ciudadanos procesados por cultivo y/o porte y la aceptación de diversos recursos de protección y amparo de usuarios medicinales miembros de Fundación Daya— sumado a otro fallo de la Corte Suprema que determinó que el mero avistamiento de plantas no justifica la entrada, registro ni incautación de las mismas, independientemente del número de plantas cultivadas, persisten incongruencias entre los criterios aplicados por los jueces a la hora de absolver a los usuarios personales en dichos juicios y el criterio utilizado por las policías y el Ministerio Público a la hora de investigar e imputar a los usuarios.

 

“Sabemos que cultivar para el consumo personal en Chile es lícito y es por ello que no vamos a tolerar seguir siendo perseguidos y criminalizados por cultivar nuestro derecho”, señaló en el acto final de cierre de la manifestación ciudadana, Ana María Gazmuri, directora ejcutiva de Fundación Daya. “No podemos permitir que nuestras plantas sean incautadas, lo cual muchas veces significa dejar sin tratamiento a un niño o a una niña y a pacientes adultos que están sufriendo”, señaló desde el escenario instalado para la ocasión.

 

“Exigimos que se respeten nuestros derechos, somos ciudadanos conscientes, no somos delincuentes.  Y vamos a seguir cultivando porque Chile ya cambió. Hoy en día se cultiva más que nunca en nuestro país, desde los jóvenes hasta los adultos mayores”, señaló ante los aplausos de los participantes de la marcha.

 

Si bien en Chile ha existido un gran cambio cultural, impulsado por el trabajo de numerosas organizaciones y activistas, que hace que la gran mayoría de las personas del país reconozcan los beneficios medicinales del cannabis, convirtiendo a Chile en uno de los países más proclives a realizar reformas en torno al tema, con un 48,2% de apoyo para legalizar el cannabis y un 52% que está de acuerdo con su uso recreacional (pensemos que Uruguay legalizó el cannabis con un 42% de apoyo), según señala el  estudio realizado en nueve países de Latinoamérica por el Observatorio de Políticas de Drogas y Seguridad Humana, lo conservadora de la élite que gobierna el país y su sobre representación en el parlamento han impedido que la insuficiente legislación actual se reforme, dando paso así a una regulación moderna que se haga cargo de acabar con el narcotráfico, retrasar la edad de inicio de consumo, proteger los derechos de salud, seguridad pública y autonomía de una ciudadanía que mayoritariamente apoya una modificación legal en este tema.

 

A pesar que en la Comisión de Salud del congreso duerme una modificación a la ley actual, las reiteradas indicaciones realizadas por parlamentarios y el Ejecutivo han distorsionado el espíritu original de la nueva ley, que buscaba resguardar el uso medicinal y personal de diversas substancias. Incluso, se pretende permitir el autocultivo como máximo de una planta, lo que resulta insuficiente para todos los usuarios medicinales, que dependiendo de la severidad de su patología, necesitan una cantidad mucho mayor. Es por ello que organizaciones como Fundación Daya han decidido retirar su apoyo a dicha modificación.

 

Luego de la marcha, Nicolás Espinoza, presidente de la agrupación Movimental, señaló que “las autoridades han hecho poco y nada por mejorar la situación de miles de usuarios medicinales y recreativos. La ley actual es ineficiente e injusta”, señaló, agregando que “estamos reunidos para decirle al gobierno y la clase política que no queremos maquillajes insuficientes. Hoy estamos acá reunidos para gritarles fuerte y claro que no queremos más daños hacia gente inocente, no queremos más cultivadores encerrados, no queremos más madres con miedo a cultivar cannabis para sus hijos enfermos, no queremos seguirle comprando al traficante de turno, necesitamos con urgencia una regulación efectiva y sensata. No queremos más daños” expresó tajante.

 

En esa misma línea, Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, recalcó que el camino para acabar con el narcotráfico es el autocultivo.

 

 

“Deben entender que el cannabis es una planta medicinal”

 

“Vamos a seguir cultivando por la salud y la libertad de todos los chilenos. No vamos a aceptar que el Estado siga vulnerando nuestros derechos.  Respetar los derechos de los usuarios de cannabis es respetar los derechos humanos. La ciencia debe ponerse al día con la ciudadanía y los médicos también.  Deben entender que el cannabis es una planta medicinal; hay que cambiar la ideología por reflexión”

 

Para finalizar, la representante de Mamá West, organización que agrupa a madres de niños y niñas con síndrome de West, Jacqueline Fuentes, señaló que “esta convocatoria nos motiva a seguir luchando. A no tener miedo y a cultivar medicina para nuestros hijos”.

 

Desde Fundación Daya se que espera que los legisladores se decidan a impulsar una nueva regulación para el uso de cannabis que se haga cargo de las reales necesidades de los miles de usuarios medicinales del país y de la evidencia estadística y científica que demuestra que los países que regulan adecuadamente las substancias como el cannabis, obtienen mejores resultados sociales que aquellos que insisten con el fracasado enfoque prohibicionista.

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