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Senadores solicitan que se extienda gratificación especial de protección de autoridades a Carabineros y PDI

Ambas instituciones son las que llevan a cabo el resguardo de la vida e integridad física de personajes públicos con perfil de riesgo como el Presidente de la República, Jefes de Estado extranjeros, senadores, entre otros.

 

 

 

 

A través de un proyecto de acuerdo, lo senadores solicitaron a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que envíe un proyecto de ley, mediante el cual se extienda el otorgamiento de la gratificación especial de protección de autoridades, a todos los funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) que cumplan esta labor.

 

El proyecto fue presentado por los senadores Adriana Muñoz, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Manuel Antonio Matta, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón, Baldo Prokurica, Jaime Quintana y Rabindranath Quinteros.

 

En dicho proyecto, los parlamentarios señalan que es labor de Carabineros y de la PDI  resguardar por la vida e integridad física de autoridades con perfil de riesgo como el Presidente de la República, Jefes de Estado extranjeros, senadores, diputados, entre otros, y que “se estima que el número de escoltas dependientes de las Fuerzas del Orden y Seguridad supera las 100 personas, mientras que quienes lo hacen sujetos a la PDI serían aproximadamente 38 funcionarios”.

 

En la legislación vigente, aquellos funcionarios que realizan dichas funciones para la protección del Presidente de la República y los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, cuentan con una gratificación especial equivalente al 20% de su sueldo base, mientras que aquellos que se desempeñan en la misma labor, pero no sobre las autoridades antes mencionadas, no cuentan con la misma bonificación.

 

Este sesgo, según señalan los senadores en su proyecto, sería una “distinción que parece injusta y arbitraria, carente de un fundamento fáctico razonable porque ambas categorías de funcionarios requieren la misma preparación profesional para desempeñar su cometido (…), ellos ponen en riesgo de igual manera su vida e integridad física, con el propósito de resguardar la vida de un tercero constituido en dignidad o autoridad”.

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