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Prisión preventiva

 

Sr. Director, respecto al informe de Gendarmería de Chile sobre un aumento del uso de la prisión preventiva, en circunstancias que el 51% de los adultos y 72% de jóvenes que en 2017 estuvieron sometidos a esta medida no tuvieron condenas con penas privativas de libertad, revela la disyuntiva binaria de nuestro sistema de justicia: imponer medidas ambulatorias con controles inadecuados, o aplicar el máximo nivel de control con todos los costos sociales y estatales que ello implica.

 

Los jueces cuentan, en la práctica, con sólo una alternativa para controlar a los imputados: la prisión preventiva. Salvo excepciones, no existen adecuados mecanismos de control para las otras medidas cautelares. A esto se suma el hecho de que ellos carecen de información personal suficiente respecto del imputado, sobre todo en la audiencia de control de detención, para decidir sobre la mejor medida con base al riesgo de reincidencia o fuga. Además, se carece de información sobre incumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

 

Lo hemos sostenido innumerables veces, el uso de la inteligencia de la información y su intercambio es la clave para fortalecer la capacidad del sistema de justicia de identificar los riesgos de cada caso y tomar mejores decisiones. En Chile se debe reimpulsar la idea de implementar Servicios de Antelación a Juicio, tal como el mecanismo de los Petrial Services de EE.UU., que permite decretar la medida cautelar más idónea en la primera audiencia. A esto se le puede sumar la incorporación de vigilancia mediante tobilleras electrónicas para un mayor control de las medidas en libertad y la disminución del uso de la prisión preventiva.

 

Sebastián Valenzuela

Gerente legal ALTO

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Diario El Cachapoal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.
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