Los deseos y necesidades son infinitas. Los medios para satisfacerlas son escasos. Ambos atributos son inherentes a los seres vivientes, los humanos entre ellos. No lo inventaron los economistas, solo explicamos como decidimos ante ese dilema y los resultados consecuentes producto del esfuerzo humano, los recursos de que disponemos, el provecho de los avances científicos y tecnológicos, la cultura, religiones, doctrinas, institucionalidad política, etc.
Un actor importante es el estado porque para la consecución del bien común nos expropia parte de nuestro patrimonio para repartirlo con criterio de equidad y justicia mediante las políticas públicas.
Es natural que la sociedad civil compuesta por cientos de miles de agrupaciones que persiguen las finalidades de sus adherentes, sin invadir el campo de otras diferentes, soliciten, clamen, exijan recursos del estado para lograr sus objetivos particulares.
Los derechos constitucionales de las personas establecidos en la constitución son la base para la provisión a la población de los bienes y servicios públicos o aquellos que, habiendo demanda, no ofrecen habiendo demanda, tales como la educación, salud, vivienda, justicia, orden, seguridad, el ejercicio de la libertad, etc. y restricción a la acción estatal para evitar el abuso de la autoridad.
Hay quienes desean introducir categorías como los llamados derechos sociales definiéndolos como una provisión obligatoria y gratuita del estado, independiente de la existencia o no de recurso o de otras compromisos iguales o de mayor prioridad. Sin embargo, el estado no puede asumir tales condiciones si los recursos tributarios o de otras fuentes no pueden incrementar sin generar una grave desastibilización.
A los economistas se nos critican porque proponemos metodologías y técnicas para asignar los recursos del estado, es la evaluación social de proyectos que la izquierda ha ido enterrando hasta eliminarla del todo porque prefiere discriminar y privilegiar arbitrariamente como una forma política del ejercicio del poder. Hoy los gastos y los proyectos del estado no se evalúan o se los hace con criterios cualitativos subjetivos y arbitrarios. Es como la opinión “me gusta” propia de Facebook, YouTube, Tweeter y otros medios espartanos.
Así, los estudiantes desde básica a pos grado exigen gratuidad como si fueran primera prioridad del estado. No están ni ahí con la educación pre escolar que hoy solo llega al 50 % de los niños menores de seis años ni con las demás obligaciones del estado. Ellos primero. De igual modo, los trabajadores que han esquivado el ahorro obligatorio para la previsión quieren que otros les paguen pensiones dignas para suplir su imprevisión pasada; los enfermos, que cuando no lo estaban les hicieron el quite a las cotizaciones de salud, reclaman porque no consiguen la atención debida, desconociendo el derecho de quienes ahorraron para obtener esos servicios; los pavos del Transantiago impiden que se pueda prestar un mejor servicio a los que pagan. Pero no son solo esos. Existe los que obtienen beneficios privilegiados inmerecidos. Los parlamentarios que se ausentan una semana al mes mas vacaciones de veranos, en total trabajan solo 165 días al año mientras el resto de la población lo hace durante 225 días y se les remunera de forma tal que los sitúan entre el 1% mas rico del país. El estado opera con una dispendiosa burocracia ineficiente. Cuando se examina el costo de operaciones de instituciones privadas que cumplen iguales funciones que las del estado, queda al descubierto el despilfarro estatal. Nuestra presidente realiza viajes inexplicables. Dos meses antes de terminar su mandato hace un enigmático viaje a Cuba y una semana antes de terminar su período se va a Japón. Inaudito.
Tal vez si elimináramos tanto derroche podríamos repensar la gratuidad de la educación superior. No hay tal. No es maná. Todo el resto la estamos pagando, desde los modestos pobladores de campamentos hasta los más ricos. Los jóvenes gratuitos, cuando ejerzan su profesión, gozarán de un nivel de ingreso alto, desde el 6 al 10 decil de la distribución. ¿Cuán rentable es? Infinito. El más grande de los privilegios discriminatorios. Muy simple, la rentabilidad se mide como el cuociente entre la renta que se obtiene y el capital invertido. El numerador es la suma de las rentas que se percibirán durante los 35 años laborales y el denominador es el capital aportado por el estudiante. En este caso es cero y todos sabemos desde el colegio que algo (el ingreso) dividido por cero (el capital) es infinito. Ni Midas pudo ser tan rentable.
Si ese ejercicio se hiciera para todos los que obtienen del estado algo a cambio de nada o poco, se generará un largo archivo de beneficiados con el gasto estatal. Pero en ese archivo no están ninguna de las 150.000 familias que habitan campamentos, o 250.000 que habitan viviendas precarias irrecuperables, los que no viven en casa (siúticamente llamados en situación de calle), los desocupados por causas ajenas como la recesiones, los que no tienen accesos a la capacitación porque trabajan por cuenta propia o lo hacen en pequeñas empresas, lo reos que no trabajan, los presos y enfermos terminales, los 700.000 niños sin jardines, los que viven alejados de los centros urbanos, ahora los inmigrantes, y una clase pobre que se va asomando a la clase media, con mucho esfuerzo pero que aun no puede gozar de un bienestar compatible con sus habilidades laborales.
Si reclasificamos el gasto público, los casos anteriores pasarían a los primeros lugares y quedarían a la cola, si alcanza el presupuesto, los socialmente prescindibles o innecesario como TVN con sus sueldos tipo Zuckerman, Codelco, Enap, BancoEstado, Portuarias, Metro, varias universidades estatales de mala calidad, burócratas apoyados por tinterillos que obstaculizan eternamente proyectos de inversión en nombre de unos cuantos ciudadanos incautos. Esa cola se puede cortar y financiar a los postergados y … eventualmente, gratuidad para la educación superior.
Si aplicáramos las técnicas de evaluación social tendríamos una jerarquización del gasto público diametralmente opuesta a la que existe hoy porque se lograría vencer el poder de los grupos que se organizan en potentes redes y que se dan en todos los niveles socioeconómicos. Esa debe ser la ruta del próximo gobierno.
