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RIP a la educación

 

El 18 de mayo del año pasado publique mi columna 752 (En Defensa de la Educación Superior) en la que analicé las aberraciones que el gobierno de Bachelet estaba proponiendo para desmantelar su actual institucionalidad: libertad de educación, libertad académica para crear y desarrollar sus disciplinas, libertad de cátedra, supresión de espíritu crítica, todo ello para ser reemplazado por poderes dictatoriales para que el Ministerio de Educación determine quien puede enseñar, qué y cómo hacerlo. Así, el Ministerio de Educación que es elevado a la categoría de superhombre nietzscheano no es más que un conglomerado de funcionarios con casi nula competencia científica o filosófica como para definir lo que es una universidad y como se desarrolla el pensamiento crítico en ella. El proyecto en vías de promulgación fue objeto de duras críticas de todos los rectores y muchos académicos tanto de universidades públicas como privadas. Una de sus víctimas será el Consejo Nacional de Acreditación que la izquierda chilena considera como una tuerca suelta dentro del estado, por lo tanto, debe ser sometida al gran hermano para calificar el grado de excelencia de la educación superior, sus facultades, escuelas y grados otorgados. En su ocasión el rector de la UDP Carlos Peña juzgó el proyecto como “una confusión de una increíble desorientación intelectual”.

 

El martes recién pasado el presidente del Comisión Nacional de Acreditación (CNA) invitó a rectores, autoridades y académicos para presentarles la cuenta pública. Entre los méritos destacados está el reconocimiento que le ha otorgado la Quality Assurance Agencies in Higher Education. Todas las personas que intervienen en la CNA son académicos de reconocida trayectoria en sus respectivas especialidades, experiencia docente y en investigación. Son varias misiones de países extranjeros que han visitado la CNA para conocer y reconocer su excelencia. No hay críticas respecto del desempeño de esta importante institución. Todo lo contrario, goza de un amplio prestigio en la comunidad académica.

 

El proceso de acreditación tanto institucional como de las carreras que se imparten es sumamente complejo. Se inicia con una propia autoevaluación de cada centro de estudios en que participan autoridades, académicos, alumnos, exalumnos y empleadores. Se examina sus reglamentos, organización, jerarquías, planes de estudio, cuerpo docente respaldado por evidencias reales sobre objetivos y cumplimiento de metas. Un proceso que casi un año al cabo del cual los acreditadores en forma presencia examinan todo ese material junto con reuniones con todos los involucrados y emiten su parecer que es revisada por la entidad acreditadora y comunicada al CNA. 11 años de experiencia respaldan la calidad del proceso, algo que no se resuelve simplemente contratando más empleados públicos en el ministerio.

 

En su oportunidad, el proyecto del gobierno de Bachelet fue revisado por la CNA que explicó a las comisiones del parlamento 24 observaciones más una decena de disposiciones omitidas respecto de la autonomía y metodología de trabajo, señalando por qué razón se hace innecesaria y contraproducente la fijación de standard, normas y regulaciones que atentan contra la imparcialidad y objetividad de los criterios de esta institución, amén de conducirla a una excesiva burocratización propia del estado. De igual modo, alertó que los excesos propuestos terminarían por violar la autonomía de las propias instituciones de educación superior y lo que es peor atentar contra la dinámica de estas. La educación terciaria no es lo mismo que un jardín infantil, una escuela básica o de educación media. Solo un botón de muestra, para implantar el elefantiásico sistema de la nueva ley ¡se suspenden hasta el 2025 los procesos de acreditación! Siete años para parir un elefante blanco de dudosa eficiencia.

 

En otros aspectos, el proyecto mantiene el carácter excluyente del Cruch. Deja afuera universidades privadas nuevas que, en los rankings relevantes, superan a un buen número de universidades estatales. El colmo de la arbitrariedad es haber incorporado al Cruch universidades estales nuevas que apenas han comenzado a funcionar y que por lo tanto no pueden mostrar categorías de excelencia y que se le ha otorgado una falsa acreditación de papel.

 

El reconocimiento de una institución no está dado por un certificado emitido por el estado por mucho que lleve timbres y firmas de funcionarios fiscales, sino por la excelencia de su desempeño que es lo que un organismo autónomo como la CNA lo hace con independencia y eficacia. La mejor prueba del reconocimiento por parte de la sociedad se dio en el pasado cuando los grados otorgados por la Universidad Santa María, una de las mejores del país, no eran reconocidos por el estado. ¡No existía! De igual modo, el estado desconocía los de la Escuela de Negocio de la Fundación Adolfo Ibáñez, núcleo desde donde nació la actual universidad de ese nombre y que está entre las mejores del país. La propia Universidad Católica debía someter a sus alumnos a examinadores estatales. Es el socialismo del conocimiento que ha fracasado en todo el mundo.

 

Ninguna de las propuestas del CNA fueron acogidas. El Tribunal Constitucional, en un fallo aun desconocido, solo ha declarado inconstitucional el artículo 63 que prohíbe que personas con fines de lucro puedan participar en universidades privadas. Ello es congruente con instituciones como la Universidad de Chile, de Santiago que son dueñas y controladoras de sociedades lucrativas o con la Universidad de Concepción, que bien se ha ganado la acreditación máxima junta a la U y la UC, es dueña de juegos del azar, la Lotería de Concepción, y es dueña además de un conglomerado de sociedades lucrativas. Otras universidades privadas nuevas cuyos controladores tienen fines de lucro han estado demostrando que hay compatibilidad entre la excelencia académica y el lucro.

 

Las facultades omnímodas que la nueva ley entregará al ministerio de educación reducirán a su mínima expresión a la actual autónoma CNA, tirando por la borda un rico y valioso capital social, todo ello en abierta violación de derechos de la educación terciaria como la propiedad, libertad de ejercer actividades económicas, libertad de asociación, de educación, no discriminación arbitraria y otras al entregar su ejercicio al arbitrio del Estado.

 

Hasta el momento el nuevo gobierno nada ha dicho respecto de enmendar los errores de la ley que está próxima a ser promulgada.

 

¿Educación de calidad? Requiescat in Pace

Javier Fuenzalida Asmussen

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