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Tributo viejo y expropiatorio

 

Abril mes antipático. Comienza el otoño, hay que pagar el impuesto de renta y las contribuciones de bienes raíces y renace la discusión sobre la pertinencia de los tributos, particularmente cuando crecen por retasaciones y porque, a final de cuenta, los impuestos son una expropiación del esfuerzo personal. Este año no ha sido diferente, hay críticas y reclamos, pero sin llegar a la raíz de los principios que justifiquen su existencia.

 

La Constitución (N° 20 del artículo 19) establece claramente “la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley… y el artículo transitorio sexto dispone que “mantendrán su vigencia las disposiciones legales que hayan establecido tributos de afectación a un destino determinado, mientras no sean expresamente derogadas”.

 

En otras palabras, los tributos directos o indirectos deben recaer en definitiva sobre las rentas (los impuestos indirectos en definitiva gravan las rentas del trabajo y del capital). No pueden existir impuesto sobre el patrimonio. La razón de esta disposición es evitar una doble tributación. Una de dos, o se tributa sobre la renta que origina el patrimonio o solo sobre el patrimonio, pero no ambos porque este último es el valor actualizado de rentas ahorradas que ya tributaron en el pasado.

 

Dado que las contribuciones de bienes raíces constituyen la principal fuente de financiamiento de los municipios, el artículo transitorio sexto abrió un espacio de tiempo, sin fijar el plazo, para que se sustituyan por un financiamiento fiscal de las comunas, derogándose así la ley 17.235 sobre el impuesto territorial.

 

Han transcurrido 37 años de incumplimiento de esta disposición. Lo que es más grave aún, es que los propietarios de bienes raíces deben tributar sobre el valor retasado periódicamente por el SII de modo que el exceso sobre la tasación pasa a constituir una renta materialmente inexistente. El mayor valor de una bien raíz es una mera expectativa de su propietario hasta el momento de su enajenación si efectivamente percibe una ganancia de capital y es en esa oportunidad que tributará por la diferencia entre el precio a que lo compró inicialmente (debidamente reajustado) y el valor percibido por su venta. Mientras ello no ocurra no ha habido una renta percibida, por lo que no cabe gravarla.

 

Algunos argumentarán que son las personas con grandes patrimonios los que tienen que pagar este impuesto de dudosa legalidad, apreciación errónea porque también pagan los contribuyentes que económicamente se clasifican como de clase media baja. En 2017 había 6,6 millones de bienes raíces no agrícolas de los que 2,7 millones están afectos al pago de contribuciones. Es un número comparable a los 2,3 millones de personas que pagaron impuesto de renta cuyos ingresos parten desde los $ 600.000 mensuales. Hay 1.5 millones de personas cuyas rentas mensuales van de los $ 600.000 a $1.300.00 que difícilmente pueden ser catalogados como ricos

 

Un ejemplo de la voracidad del estado.

 

En los años 60 se urbanizaron uno terrenos rurales en Vitacura, La Villa el Dorado, construyéndose viviendas de 70 metros cuadrados con terrenos hasta 100 metros, cuyo valor estaba al alcance de familias de ingresos medios y bajos. Con el tiempo ese barrio fue valorizándose hasta alcanzar hoy los mayores valores por metro cuadrado de Santiago. Las modestas familias de la Villa el Dorado tuvieron que irse porque las sucesivas retasaciones fiscales del SII han sido de tal magnitud que esos modestos ciudadanos no pudieron pagar debiendo emigrar a otros barrios más modestos de la ciudad.

 

Pero no sucedió solo con Vitacura de los años 60. Otro tanto ocurrió en Las Condes, Lo Barnechea que era un modesto pueblito, Puente Alto, Providencia, La Reina, La Florida, Maipú y estará ocurriendo de aquí a poco Estación Central. Aumentan de valor porque oson propiedades ahora urbanas o porque ahora quedaron cerca del metro, malls, hospitales, escuelas, etc. Otro tanto ha sucedido en La Serena, San Pedro de la Paz en Concepción, en Puerto Varas, en Viña del Mar, en prácticamente en todo Chile donde este año las retasaciones han subido en más de 35 %, aun cuando el 60 % de las propiedades no agrícolas del país tiene un avalúo fiscal es inferior al mínimo exenta de $ 38 millones.

 

Lo anterior agrava la inconstitucionalidad porque el mismo numeral 20 del Artículo 19, inciso segundo, establece un principio que ha sido violado constantemente: “En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionado o injustos”. En este caso obliga a un propietario abandonar su vivienda porque la tierra se valorizó no por voluntad o poder. Por consiguiente, no puede ser objeto de la imposición de un impuesto que se torne impagable y lo obligue a emigrar.

 

Los alcaldes darán voz de alarma si se eliminan las contribuciones. Sin embargo, de las 332 comunas hay un gran número en que existe una alta proporción de propiedades exentas de modo que sus presupuestos deben ser complementados con transferencias desde las comunas más ricas del país y subsidios fiscales a través de la subsecretaría de desarrollo regional. Por lo tanto, se justifica una reforma tributaria que elimine la doble tributación y el impuesto desproporcionado e injusto ya señalado y sea obligación del fisco el financiamiento municipal tal como lo hace con un sinnúmero de organismos públicos autónomos, empresas estatales que solicitan aumentar su patrimonio como TVN, Enap, Codelco, Metro y otras y poderes del estado como es el legislativo y judicial.

 

A final de cuentas la recaudación del impuesto territorial es del orden de US $ 3.719 millones de dólares equivalentes al 6 % de los ingresos tributarios fiscales (US $ 57.000 millones), de modo que no el cumplimiento constitucional no constituye una situación imposible de remediar

 

Javier Fuenzalida Asmussen

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Diario El Cachapoal - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.
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