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US $ 180 millones por año tirados a la chuña – Estado incompetente

 

La virtud de la economía de mercado es la asignación óptima de los recursos productivos por efecto de la competencia en que nadie, ni oferentes o demandantes, tiene la fuerza para imponer precios y cantidades, inexistencia de barreras de entrada al mercado ni goce de privilegios de parte del estado. Cuando no se cumplen estas condiciones o cuando el mercado solo admite algunos pocos participantes como la distribución de energía, agua, sindicatos únicos y otras, el estado debe intervenir. Una forma, es abrirse al comercio internacional sin barreras aduaneras ni cuotas, incentivar las innovaciones y los sustitutos, otra fijar precios a un nivel igual al que imperaría bajo condicionales competitivas. ¿Cómo hacerlo?

 

Hace décadas se desarrolló una metodología que permite simular la competencia y en consecuencia, derivar precios eficientes. El sector eléctrico de generación y distribución en Chile fue el primero en utilizar este mecanismo en 1982 para fijar los precios de generación y distribución de la energía, a los que siguieron el mercado del agua potable y la telefonía fija. Desgraciadamente, el estado ha sido conscientemente incompetente en aplicarla en otros mercados que por diferentes razones no son competitivos. Es el caso de las tarifas aeroportuarias y puertos fijadas por decretos que facultan a la Fuerza Aérea y a la Armada a fijar las tarifas sin fundarlas ni criterios que las aproximaran lo más posible a lo que sería un mercado competitivo. Existen también decenas de otros servicios públicos como el SAG del Ministerio de Agricultura, patentes municipales de diversos tipos, derechos aduaneros de 6 %, certificados e inscripciones en el registro civil, y otros prestados por particulares pero designados arbitrariamente como es el caso de notificadores judiciales, archiveros, conservadores de bienes raíces y notarios.

 

En mi columna 764 de Agosto de 2017 examiné este últmo caso. Hay 331 notarios a los que Bachelet quería agregar otra centena. Como lo indicó en su oportunidad el juez Aránguiz, los criterios para los nombramientos eran el pago de favores, parientes de jueces, incluso notarías hereditarias. El precio por estos “servicios” están fijados en el decreto 587 de 1998 del ministerio de justicia firmado por don José Antonio Gómez Urrutia, ex comunista durante la UP, radical desde los 80 y ministro de Lagos y Bachelet y ahora en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias que son un impuesto encubierto a los contribuyentes. En este intelectual decreto se indica el valor de cada uno de los 23 servicios notariales, sin establecer fundamentos o bases para valorarlos en abierto desconocimientos e ilegalidad del DL 211 sobre libre competencia. Indagado dicho ministerio, nadie supo responder sobre tales criterios y solo que se reajustan anualmente por IPC, algo que tampoco lo establece el mencionado decreto. Otro tanto es el caso del decreto 588 sobre los honorarios de los conservadores de bienes raíces, también obra del ex ministro Gómez.

 

El notario es un ministro de fé que solo dice lo que declaró el requirente o el documento que se le presentó para su firma. Nada más. Para ello no se necesita ser abogado aunque la ley lo haya así establecido. Cualquiera persona intachable puede serlo. Su fe queda estampada con la frase inicial del documento que legaliza: “ante mí” o “firmó ante mí”, cosa que rara vez ocurre, ya que son sus empleados, que tampoco son abogados, los que atienden a los requirentes y que le llevan los papeles a la oficina privada para su firma. Lo único cierto es que, en algunos casos, verifica que el nombre corresponda al del carnet de identidad que se le presenta. Por ejemplo, para ser funcionario del registro civil que registra identidades, nacimientos y muertes, los funcionarios municipales que firman documentos como patentes, toman exámenes, otorgan carnet de chofer u otros tampoco son abogados. Las declaraciones de funcionario públicos en un juicio se consideran ciertas, se da fe sin ser abogados.

 

La Fiscalía Nacional Económica finalmente, después de tantos años, ha decidido incarle el diente a la ilegalidad de los actos notariales, pero no por la ilicitud de origen, el maldito decreto del ministro Gómez, sino que por el delito de cobro de precios monopólicos.

 

El presente gobierno debiera enviar al congreso un proyecto que, al igual que el DLN° 1 de Minería de 1982, establezca un modelo para simular la competencia para la industria registral: notarial conservadores y archiveros. También debe eliminar actos de inútiles como el certificado de sobrevivencia en que el notario afirma que yo soy yo y no otro. Lo más importante en esta reforma debe ser la creación de registros informáticos, blockchain, que hace innecesario toda esta parafernalia de documentos “firmados ante mi”.

 

Afortunadamente, por primera la ciberseguridad está siendo seriamente considerada por el estado y algunos están prestando atención al blockchain (cadena de bloques) que permite la inviolabilidad del contenido de los documentos e información que se guarda en cada registro o block.

 

US $ 180 millones gastados anualmente en forma inútil con la prehistórica manualidad registral no es chacota.

 

Javier Fuenzalida Asmussen

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