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Reforma previsional: lo que no se ha dicho

 

El DL3500 sobre fondos de pensiones se estructuró en base a tres elementos. El primero, que todas las personas que fueran incorporándose al mercado laboral lo harían también a un fondo de pensiones de su elección. Segundo, quienes ya formaban parte de la fuerza laboral podrían optar entre el nuevo sistema o permanecer en el sistema antiguo porque la pensión a la que tendrían derechos sería superior a la que resultara de trasladarse al nuevo (personas que tenían 15, 20 o mas años de imposiciones) y tercero, el estado garantizaría además una pensión mínima. Posteriormente esta pensión la política le cambio el nombre varias veces y la tornó discrecional. Hay 18 modalidades de pensión mínima, 12 de pensión asistencial, 9 de pensión especial,1 de pensión básica solidaria. Tal como sucedió en el difunto y quebrado sistema de reparto.

 

El nuevo sistema establecía que después de 30 0 35 años de ahorro mensual capitalizado le permitiría gozar de una pensión del orden del 80 % de sus últimas remuneraciones. Esto era factible porque, al jubilarse a los 65 años y siendo la esperanza de vida era 69 años el capital tendría que generar 48 meses de pensiones.

 

Desgraciadamente, nadie, el estado, los ahorrantes, los académicos, las AFP, se preocupó de estudiar los efectos del cambio demográfico que indicaban que el progreso y los avances en materia de salud aumentaron la esperanza de vida de la población que ya bordea los 80 años, en consecuencia, el mismo capital acumulado a los 65 años deberá financiar 180 pensiones mensuales en lugar de 48 representando en torno al 40 o 50 % de las últimas remuneraciones.

 

No es que el sistema sea malo sino que producto del progreso económicos, educación, avances en la salud la contribución mensual del 10 % y la edad de 65 años son incompatible con una pensión mayor. De ahí que se proponga elevar la cotización mensual al 13 % (el 1 % adicional es un impuesto al trabajo), lo que puede no ser suficiente aun cuando al mismo tiempo la edad para pensionarse aumente a los 70 o 75 años. Hoy nadie está sentado todo el día en su casa a los 60 años o 65. Este cambio nada tiene que ver con las ideologías. Sea el sistema de ahorro individual o de reparto la demografía nos indica un hecho real.

 

Otro aspecto omitido en los actuales proyectos se refiere a una deuda impaga del estado que ningún político quiere enfrentar. Hace algo má de 10 años las propias AFP lo reclamaron sin éxito. Si una persona desea ahorrar para su futuro comprando valores financieros como acciones o bonos, los dividendos o intereses que percibirá vienen acompañados del crédito tributario de primera categoría por cuanto el ente generador de tales rentas pagó el impuesto de renta al momento de declarar sus utilidades. De otra forma, el contribuyente persona natural estaría pagando dos veces. Tanto es así que el crédito no solo lo perciben las personas sino también los fondos mutuos y los fondos de inversiones, pero no los fondos de pensiones. Si esa persona en lugar de invertir en el mercado financiero lo hiciera en su cuenta en el fondo de pensiones, y éste a su vez lo invierte en acciones o bonos, el fisco no le devuelve el dinero correspondiente al crédito tributario. Hay varias estimaciones de esta retención legal, pero indebida, por parte del fisco. Actualizado dicho valor desde 1981 en adelante retenido por el fisco es del orden de US $ 5.000 millones. La única forma de hacer factible su devolución es establecer un mecanismo como fue el bono de reconocimiento reajustable que creó el DL 3.500 para los imponentes que se trasladaron voluntariamente a un fondo de pensiones pero que se hizo efectivo al momento de pensionarse. Como todo bono, fue percibiendo intereses durante el período previo al goce de la pensión.

 

Otra omisión es la creación de unaa “reverse mortgage” o hipoteca revertida. Los pensionados con bienes raíces tienen como alternativa dejarlas en herencia o convertirlas en un flujo de rentas adicionales, mediante la venta del bien raíz a una institución financiera que se la cancelará en mensualidades, quedando el vendedor con el derecho al uso de dicha propiedad hasta su muerte. Es un mecanismo que ya existe en otros países.

 

Respecto de las inversiones de los fondos de pensiones debiera abrirse el acceso a la propiedad de empresas estatales que, según los políticos, pertenecen a todos los chilenos. Obviamente no cualquiera empresa sino aquellas cuya gestión genera una rentabilidad semejante a las empresas nacionales o extranjeras en que pueden invertir los fondos de pensiones. El estado vive quejándose de la escasez de recursos para los gastos sociales y no puede seguir aumentando los impuestos. Pero la verdad es que hay otra fuente. Codelco informa que necesita US $ 20.000 millones para inversiones, más US $ 14.000 para pagar a sus acreedores externos. No debe ni siquiera pensar en explotar minas fuera de Chile como lo había anunciado. Enap declara que necesita US $ 6000 millones para los próximos 10 años sin aventuras nuevas como invirtió en exploraciones en Egipto y medio oriente. El Bancoestado siempre necesitará aumentos de capital para competir con la banca privada. TVN quiere sanear sus financian y emprender nuevos proyectos en su área, etc. Según la Dirección de Presupuesto el 2017 las empresas estatales le entregaron al fisco US $ 2.020 millones, pero a su vez el fisco les devolvió US $ 2.000 millones. Un modesto aporte neto de US $ 20 millones para el gasto social. La nada misma para priorizar gastos sociales ineludibles. Sin embargo, puede abrirse a inversionistas como los fondos de pensiones si sus empresas son rentables. Es más Codelco tiene socio privados extranjeros. ¿Qué razón existe para que Mr. John Smith pueda ser socio de Codelco y don Juan Verdejo no?

 

Todo lo anterior permitirá mejorar significativamente el sistema de previsión privada, elevar las pensiones asistencias y tener + AFP y no caer en el populismo de No+AFP.

 

Javier Fuenzalid a Asmussen

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