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Tsunami burocrático ad portas

 

He apoyado y seguiré haciéndolo a favor de la descentralización del país. De acuerdo a la teoría de la convergencia económica, dada las diferencias actuales en la distribución personal del ingreso por regiones, tomará cerca de 60 años para que se igualen a la de la región metropolitana (Mas Allá de los Hechos, pág. 384). Dos políticas al respecto se han materializado mediante leyes en los últimos años. La primera, la creación de nuevas regiones dividiendo territorios. La XIV Los Ríos (Valdivia) creada separándose de la X Los Lagos. La XV de Arica y Parinacota se escindió de la I región de Tarapacá, y más recientemente la ley 21.033 creó la XVI región del Ñuble (Chillán) dejando a la VIII del Bío Bío. La segunda, la ley 20.990 reformó la Constitución de modo que, a partir del 2020, deberá elegirse por votación popular el gobernador de cada región junto con los consejeros regionales. Este nuevo ordenamiento será el órgano ejecutivo de la región que gozará de las facultades que una ley orgánica constitucional le conferirá y que serán transferencias de poder desde el presidente y ministros de estado a los gobiernos regionales. Tendrá su presupuesto propio, algo que aún no se sabe cómo se generará ni cuántos funcionarios se necesitarán. Algunos críticos no estuvieron de acuerdo con este nuevo orden porque se violaría el concepto unitario del estado chileno al generarse una especie de federalización del país. Una forma de evitarla fue conseguir que el actual cargo de intendente en lugar de eliminarse será sustituido por un “delegado presidencial”, con facultades semejantes a la del gobernador lo que anticipa los conflictos de competencia y contenciosos administrativos por la vaguedad de las facultades que a ambos se confieren.

 

Respecto de la naciente región del Ñuble, el único antecedente público que permite formarse una idea de los nuevos recursos que demandará, son 41.000 m2 de inmuebles. Los proyectistas inmobiliarios estiman que los edificios para oficinas contemplan del orden de 25 m2 por funcionario. Su espacio de trabajo, escritorio, sillas, archivadores, espacio para circular en su área, uso de pasillo de comunicación con otras salas, baños, cafetería, espacio de escalas y ascensores, recepción, bodegas y estacionamientos, etc. Esto quiere decir que los 41.000 m2 serán ocupados por 1.640 personas. Según la Dipres, la actual región del Bío Bío emplea 25.000 funcionarios, sin contar los municipales o los de los organismos autónomos. El intendente de Ñuble según la ley 21033 podrá contratar 75 funcionarios (Art. 3° y 4°) además de los nuevos 23 seremis, nuevos juzgados (Art. 6° a 11°), 36 nuevos funcionarios del ministerio público (Art. 17°), como así mismo uno número indeterminado de trabajadores (Art. quinto transitorio). Todos sabemos que una parte numerosa de los funcionarios públicos trabajan a honorarios y no están considerados en las leyes mencionadas. Habrá además dos nuevos senadores y diputados (Art. undécimo transitorio). De ahí que el número efectivo sea más próximo a 1640 que a 75. Por su parte, el intendente del Bío Bío deberá desligar los 1.640 que atendían a los chillanejos que ahora no tendrán que hacerlo. No hay estudios que permitan examinar qué sucedió al respecto cuando se crearon las regiones XIV y XV.

 

Por otra parte, a partir del 2020 asumirán los nuevos gobernadores con una estructura administrativa propia que la futura ley definirá para así poder cumplir con sus facultades, muchas semejantes a las del delegado presidencia, el exintendente. Por cada vacante que se produzca en cada ministerio de Santiago, habrá 16 nuevos funcionarios en regiones. En Santiago hay 90.000 funcionarios ministeriales ¿Cuántos de estos serán sustituidos por un múltiplo de 16?, más la planta propia del delegado presidencial?

 

Respecto a los recursos financieros, las leyes solo indican que se obtendrán del presupuesto de la nación. Por tratarse de nuevos gastos la Dirección de Presupuestos debe generar un informe financiero anexado a cada proyecto de ley. En este caso fueron los 001-2017 y 074-2016 pero son muy poco detallados y se restringen tan solo a lo que el proyecto explicita. Dado que estos no son precisos en materia de recursos demandados, estamos frente a un tsunami burocrático de graves proyecciones inimaginables.

 

No es esta la forma como se descentraliza el país, sino que debe iniciarse con una desburocratización regulatoria, de decretos, normas e instrucciones que inhiben o encarecen el desarrollo del capital humanos, la cultura, la ciencia y tecnología y la inversión. Esta limpieza deberá ir acompañada de una institucionalidad regional que no sea una calcomanía de la actual centralizada.

 

Javier Fuenzalida Asmussen

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