La Defensoría de O’Higgins representó a 12 de los 14 sacerdotes que fueron vinculados a esta supuesta asociación ilícita para el abuso sexual de menores.
En mayo de 2018, un programa de reportajes de Canal 13 denunciaba una supuesta asociación ilícita para el abuso sexual de menores conformada por una serie de sacerdotes de la región de O’Higgins, que fue bautizada como “La Cofradía”.
El Ministerio Público hizo eco del reportaje y comenzó a investigar a 14 párrocos. Solicitó, entonces al Tribunal de Garantía de Pichilemu la orden amplia de investigar y el uso de todas las medidas más intrusivas que otorga la legislación: agentes encubiertos, interceptación telefónica y alzamiento de secretos bancarios. Seis meses duró esa investigación, sin que el Ministerio Público hallara víctimas o delitos que le permitieran formalizar a los sacerdotes. Sin embargo, ellos sufrían el asedio de la prensa, la desconfianza de la comunidad y por cierto, el malestar de verse expuesto como un pedófilo.
En septiembre de ese año la Defensoría de O’Higgins solicitó la primera audiencia de sobreseimiento, oportunidad en que fueron liberados de la investigación cuatro religiosos, entre ellos, el sindicado como líder de la supuesta cofradía. Posteriormente, “en enero y junio de este año nuestros abogados insistieron en que la investigación estaba acabada y que era inconcebible que siguieran manteniendo una causa en la que no habían formalizados ni víctimas, por lo tanto, seguimos solicitando al tribunal el sobreseimiento definitivo de nuestros representados”, señaló Cristian Miranda, abogado de estudios de la Defensoría de O’Higgins.
En la última audiencia, realizada en junio del año en curso, el tribunal estimó necesario mantener la investigación respecto a Cristian Catalán y a Luis Rubio, imputados que hoy fueron notificados respecto a la solicitud de no perseverar en la investigación que llevaba el Ministerio Público al no encontrar hechos vinculados a delitos.
El 12 de diciembre se llevará a cabo en el Tribunal de Garantía la audiencia con la que debería ponerse fin a esta historia que afectó al vida de 14 personas inocentes por más de un año y medio.
