En el Diario Oficial del 6 de mayo se publicó el decreto que da vida legal a la nueva Superintendencia de Educación Superior. Un hecho significativo en la historia de la educación chilena, ya que, por 1ra vez tendremos un organismo fiscalizador que dispondrá de herramientas técnicas y legales para garantizar, al millón 200 mil estudiantes de educación superior, el principal activo que debe exhibir la educación: la fe pública.

La importancia radica en el hecho de que el principal anhelo de toda familia es la educación de sus hijos y para ello todos estamos dispuestos a comprometer recursos económicos, que el Estado debe garantizar que serán bien utilizados. En 2do lugar, existe entre los estudiantes, familias, y las instituciones que entregan educación, una total asimetría en la capacidad para evaluar a priori y con certeza, si la institución que ofrece educación está en condiciones óptimas de hacerlo. En razón de ello el estudiante está a merced de la credibilidad que tenga la universidad, lo que hasta ahora no se fiscalizaba con las herramientas requeridas. Prueba de ello han sido los proyectos académicos fracasados y los daños generados.

Gran desafío para la nueva Superintendencia de Educación Superior.  Que su gestión entregue los frutos que todos esperamos. Que en el cumplimiento de sus funciones  la autonomía de las instituciones de educación superior se mantenga incólume, pero que se termine con el lucro en la educación, con los contratos simulados, con los conflictos de interés, si alguna vez los hubo,  y con todo lo que represente un peligro para el buen desempeño y la calidad de nuestra educación y que finalmente, como país, seamos capaces de entregar a la ciudadanía la tan anhelada garantía de la fe pública en educación.

Santiago González Larraín

Rector Universidad Central