El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha sido promotor de la implementación de políticas públicas para proteger a la diversidad sexual (o comunidad LGBTIQ+), tales como la Ley 20.609 conocida como Ley Zamudio, que busca restablecer el imperio del derecho frente a actos de discriminación.

Durante su segundo mandato, el pasado 27 de diciembre de 2019, promulgó la ley 21.120, conocida como Ley de Identidad de Género (LIG). Esta ley reconoce y protege el derecho a la identidad de género que tiene toda persona, facultando a las personas para requerir del Registro Civil e Identificación el cambio de su nombre y sexo registral.

A la fecha, a nivel nacional el Servicio de Registro Civil e Identificación ha agendado 2.724 audiencias para hacer la rectificación, de las cuales se han aprobado 2.076 solicitudes. En nuestra Región, se han agendado 93 audiencias y se han aprobado 76 de dichas solicitudes. Con estas cifras, la región de O’Higgins ocupa el cuarto lugar dentro del territorio nacional en cuanto a estas solicitudes.

Sumado a lo anterior, está el trabajo e iniciativas promovidas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de articular la labor de distintas instituciones públicas; establecer puentes con la sociedad civil; educar y concientizar a la ciudadanía, y hoy, catastrando información para prevenir crímenes y violencia contra la Comunidad LGBTIQ+.

Algunos ejemplos concretos: El convenio firmado por la Subsecretaria de Prevención del Delito y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Móvilh) para el programa de apoyo a las víctimas; la Campaña “Cita Segura“ que promueve medidas de autocuidado para quienes usan aplicaciones de citas, y la realización –aún en curso, disponible en www.tuhistoriaayuda.cl– de un estudio exploratorio de crímenes motivados por el odio hacia personas LGBTIQ+. Este último permitirá la caracterización de los principales delitos y situaciones de violencia, y/o discriminación que afecta a esta comunidad.

Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, ha implementado charlas de sensibilización para profesionales de la administración pública sobre la Ley de Identidad de Género; además de apoyar al Registro Civil en las capacitaciones para sus funcionarios y funcionarios que atienden al público a lo largo del país. A la fecha, han participado de las charlas 323 funcionarias y funcionarios públicos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, es el representante del Ejecutivo a cargo de la tramitación de la moción parlamentaria que busca actualizar, y modificar la mencionada “Ley Zamudio”, hoy en discusión y revisión de indicaciones en la Comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía. Además, dicha Subsecretaría, encabezada por Lorena Recabarren, está a cargo de implementar una Mesa de Coordinación, Promoción y de Derechos LGBTIQ+, cuyo fin es generar una instancia intersectorial público privada, donde participarán instituciones del Gobierno, del Estado y de organizaciones de la sociedad civil para abordar las diversas dimensiones relacionadas a la diversidad sexual, tales como educación, trabajo, salud, privación de libertad y otras situaciones de desprotección.

Finalmente, es importante recalcar que todas y todos quienes trabajamos en la administración pública, debemos adecuarnos e internalizar estas normativas. Debemos promover el respeto a la dignidad de todas y todos por igual, independiente de su condición u orientación sexual. La identidad de género es un derecho humano fundamental que se sustenta en la libertad personal de cada individuo, en la vivencia interna e individual de género tal como cada persona la siente profundamente. Si como sociedad aceptamos esta premisa, seremos capaces de eliminar todo prejuicio y odiosidad en relación al resto.

Bárbara Perry

Seremi de Justicia y DD.HH.

Región de O’Higgins