El espíritu crítico es la esencia de la academia en que ideas y hechos se debaten objetivamente y con las debidas evidencias. Mediante un reciente acto mercantil, el Consejo Universitario de la Universidad de Chile contrató con El Mercurio un inserto cuyo contenido dista mucho de ser un documento de valor académico. Es más bien un panfleto. Se afirma, sin pruebas, que los problemas de la educación superior (¿La calidad?) derivan de un esquema de “desregulación e inequidad” causada por políticas de privatización y abandono del estado. Primero, se omite reconocer que tal privatización es la que ha reforzado el ejercicio de la libertad educacional y de emprendimiento que la Constitución nos garantiza (Art. 1 y N°s 10, 11, 16, 21, 23, 24 del Art. 19). Segundo, no hubo tal abandono por parte del estado. Se crearon universidades estatales partir de modestas sedes regionales que la Universidad de Chile había abierto solo en algunas de ellas. Consecuencias, el surgimiento de nuevas universidades estatales y privadas ha permitido que cientos de miles de estudiantes tengan acceso a la educación superior. Sí debe reconocerse que el estado abandonó la educación técnica cuando su prestigiosa Escuela de Artes y Oficios y las tres Escuelas de Minas del norte fueron transformadas en universidades obedeciendo a un complejo de doctorismo y deprecio por lo técnico, algo que en el sector privado no solo no existe sino que asumió el pionerismo en la educación técnica así abandonada. El mérito por lograr que la población universitaria represente hoy el 44 % de los jóvenes entre 15 y 24 años cuando en los 70 y 80 no sobrepasaba el 10 y la diversidad de programas y carreras que el sistema ofrece como así mismo la posición destacadas de nuestras universidades en los ranking internacional es un logro que lo comparten las universidades de excelencia privadas y estatales, pero también debe reconocerse que hay estatales y privadas de calidad cuestionable. Tomando como base los años de acreditación otorgados por el estado, la distribución es ligeramente mejor en las universidades privadas y puede que ello explique la preferencia por el 73 % de los estudiantes. ¿Por qué entonces se acusa al estado de abandono? La contribución del estado al bienestar de la población que deseamos excede largamente a los recursos con que dispone y esa realidad lo llevó a promover la educación privada como lo ha hecho en otras áreas igualmente importantes. Mientras vivamos en democracia siempre será así. La carga tributaria tiene límites más allá de los cuales se compromete el progreso en libertad. De ahí que sea poco objetiva la crítica al esfuerzo privado y a las restricciones del sector público, a menos que en el inserto exista un trasfondo ideológico. Sigue el libelo afirmando que la “ciudadanía” ha impulsado un cambio para rescatar a la educación como un derechos social, juicio que no se sustenta con lo que registran numerosas encuestas de opinión de los últimos 10 años en que si bien se clama por una mejor calidad en la “oferta” educacional no se indaga cómo debería alcanzarse. Que sea o no un derecho social no compromete una garantía estatal. Este no puede comprometerse porque sus recursos dependen del curso económico del país en el corto y largo plazo. Los recursos del estado deben distribuirse entre las diferentes demandas como es la lucha contra la pobreza, educación pre escolar, básica, media y superior, capacitación laboral, salud, viviendas sociales, seguridad, infraestructura en forma prioritaria y ante la escasez no desviarlos hacia aventuras empresariales injustificables como ser minero, petrolero, televisero, banquero, etc. El libelo, se lamenta que oferta educacional se entregue cual “mercancía” ignorando que la mayoría de nuestros actos consisten en trabajar para generar los recursos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades como techo, ropa, comida, educación, salud, cultura, deporte, etc. Así, compramos aquellos bienes que otros nos los ofrecen con tal propósito. Nada tiene de malo ni reprochable, tanto es así que la propia Universidad de Chile y otras estatales venden matrículas, reciben subsidios (compras a precio cero) para a su vez comprar “mercancías” como insumos y los servicios de sus académicos para que enseñen, investiguen y gestionen como lo hacen los firmantes del inserto. El proceso de transformación resultante es la educación que reciben sus alumnos. Pero, los Consejeros de la Universidad de Chile quieren negarse a funcionar de esa forma exigiendo que sea otro, el estado, el que asuma la innoble tarea mercantil de apropiarse de las rentas (impuestos) de los ciudadanos, reduciéndoles así sus ingresos y consecuentemente disminuir su bienestar, para entregárselos sin más a sus universidades. Omitiéndose a lo mercantil obviamente descalifica el lucro en la educación. El premio nobel George Stigler calculó en 1945 los nutrientes que requiere un individuo para vivir y buscó la forma más económica de obtenerlo concluyendo que con US $ 2,45 diarios, o $ 50.000 por persona por mes se lograba un sano objetivo alimenticio. Ganar más en el concepto del Consejo Universitario, es lucrar, por lo tanto prohibirlo. Pero ello no ocurre, entonces ¿Por qué otros factores productivos no pueden lucrar? Prefiero pensar que han caído en un error semántico al pensar que el capital es estéril como Aristóteles lo atribuía al dinero. Ni Marx pensó en ello, por el contrario, lo reconoció en el libro III tercero del Capital. Impartir enseñanza es tan noble como construir vivienda, proveer salud, producir bienes y servicios, o practicar la caridad como el Hogar de Cristo, etc. El estado también es un productor y los recursos humanos y de capital que utiliza obtienen su justo lucro. Finalmente el inserto declara, sin mayor fundamento, que la educación solo se fortalecerá si el estado asume el rol de dictador público educacional. Nuevo error del Consejo al identificar lo estatal con lo público, conceptos ambos que ya han sido debidamente esclarecido por diversas personalidades competentes. Leído con pena el inserto no me queda más que invitar al Consejo Universitario a someterse a su propósito invocado: “un debate racional e informado contrastando y compartiendo propuestas concretas” a lo que yo agregaría, con la debida precisión y claridad del lenguaje, desprovisto de adjetivos emocionales que le restan seriedad y se adapte a buena academia.
Javier Fuenzalida Asmussen
