Dado que el proyecto que llegó de la Cámara Baja plantea que en todo evento sea la banca quien restituya los dineros y luego se investigue el hecho, los legisladores reconocieron que hay que revisar con cuidado la redacción para no afectar el debido proceso.
Mantener un justo equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y mitigar los efectos indeseados que pude generar aprobar la última versión del proyecto que busca terminar con el pago de seguros por fraude de tarjetas y facilitar la devolución de los dineros hurtados, es el objetivo que tienen los integrantes de la Comisión de Economía.
Tarea nada fácil, si se considera que la norma que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago –nombre formal con el que se conoce el texto-, tuvo varias modificaciones en su segundo trámite en la Cámara Baja.
Ahora, los senadores conocieron el detalle de dichos cambios y junto a una serie de actores analizaron qué tan conveniente es dejarlos tal y como están. Al finalizar la jornada, los congresistas reconocieron que todo parece indicar que rechazarán esta versión, particularmente los artículos quinto y sexto, lo que obligará a la conformación de una Comisión Mixta.
No obstante, cabe consignar que el proyecto aún se encuentra en tercer trámite y falta conocer en detalle la postura de las organizaciones de consumidores, del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y de abogados y expertos en derecho para contrastar las opiniones de la banca. Para tal objetivo, la Comisión sesionará la primera semana de junio.
ARTÍCULOS EN CONFLICTO
El artículo quinto obliga al emisor de tarjetas a “restituir los fondos correspondientes a las operaciones realizadas con anterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, tratándose de operaciones cuya autorización ha sido desconocida por el usuario, dentro de los siete días hábiles siguientes al reclamo”.
Plantea que “el emisor estará impedido de ofrecer a los usuarios la contratación de seguros cuya cobertura corresponda a riesgos o siniestros y de cobrar comisiones que el mismo deba asumir”.
“Sólo si se acredita por sentencia firme o ejecutoriada que el usuario ha participado en la comisión del delito, que obtuvo un provecho ilícito o que actuó con dolo o negligencia inexcusable facilitando su comisión, se procederá a dejar sin efecto la cancelación de los cargos o la restitución de fondos, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan según la normativa aplicable”.
El artículo sexto establece que “los emisores, operadores, comercios y otros establecimientos afiliados a un sistema de tarjetas de pago, así como las demás entidades que intervengan o presten servicios asociados a pagos y transacciones electrónicas, u otros sistemas de características similares, deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión de los ilícitos descritos en esta ley”.
“En el caso de los emisores u operadores, según corresponda, dichas medidas de seguridad deberán considerar, al menos, lo siguiente:
a) Contar con sistemas de monitoreo que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del usuario.
b) Implementar procedimientos internos para gestionar las alertas generadas por dichos sistemas de monitoreo.
c) Identificar patrones de potenciales fraudes, conforme a las prácticas de la industria y recomendaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
d) Establecer límites y controles en los diversos canales de atención que permitan mitigar las pérdidas por fraude”.
¿POR QUÉ SE RECHAZARÍA EL TEXTO DE LA CÁMARA?
En la última sesión, los congresistas escucharon a representantes del Banco Central (BC), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), el Retail Financiero y académicos expertos en derecho constitucional y comercial.
Todo parece indicar que ser rechazará el texto de la Cámara porque –de acuerdo a los invitados- la versión quedó con graves problemas de constitucionalidad y un desequilibrio evidente.
Cabe recordar que la norma nació para poner fin a la práctica de los bancos de responder en caso de fraudes solo si el cliente tenía contratado un seguro para estos fines; y para generar el reembolso de los dineros al más breve plazo apelando a la responsabilidad que tiene la banca en materia de seguridad.
Ahora los plazos de reembolso se redujeron al máximo. De acuerdo a esta propuesta, los bancos tendrán como plazo máximo 7 días hábiles para devolver los dineros. Asimismo, tendrán la responsabilidad en todos los casos, minimizando la que le corresponde a los clientes (los llamados tarjetahabientes). Es más, según
los académicos presentes en la sesión, “no se cumplirían las reglas básicas del debido proceso”.
El presidente de la instancia, el senador José Miguel Durana manifestó que “en general, la norma está sobre la base de generar un justo equilibrio entre quienes emiten las tarjetas (los bancos) y los consumidores. Debe haber una responsabilidad compartida. Los clientes deben cuidar sus claves y tarjetas, y la banca debe dar condiciones mínimas de seguridad”.
En cuanto a los cuestionamientos que se realizaron en la sesión, el legislador admitió que el tema de los plazos debería cambiarse. “No puede ser eterno este plazo. Éstos debieran permitir conciliar un debido proceso si hay una discrepancia entre el cliente y la institución financiera”, hizo ver.
Declaró también que “en la próxima sesión escucharemos a las asociaciones de consumidores para tener una visión global de esta problemática. Luego someteremos a votación los cambios de la Cámara de Diputados, pero todo indica que se conformará una Comisión Mixta”.
Por su parte, la senadora Ximena Rincón planteó que “hay que ver de qué manera recogemos las opiniones que hoy que nos entregaron la banca, el retail, el Banco Central y académicos. En la próxima sesión sabremos qué opinan los clientes con los cambios que se nos plantean desde la Cámara. La normativa que buscamos debe ser clara en cuanto a plazos, responsabilidades y procedimientos”.
A su vez, durante la sesión, el senador Rodrigo Galilea admitió estar de acuerdo con lo planteado. “Me parece que las observaciones legales y comerciales que hacen son válida, pero solo les recuerdo que este proyecto nació de una conducta equivocada de la banca que era desentenderse de los fraudes con tarjetas robadas, clonadas o falsas transferencias electrónicas. Las personas hoy se enfrentan a una pared, es como David contra Goliat porque los bancos siempre tienen las de ganar”, hizo ver.
