Luego que Gendarmería solicitara cambiar de recinto a 17 venezolanos que pertenecerían al Tren de Aragua, la representante de O’Higgins insistió en su proyecto de ley que busca deportar, en un plazo de 60 días, a quienes están detenidos por robo, hurto o tráfico.
A raíz de la solicitud de trasladar hasta la Cárcel de Rancagua a 17 ciudadanos venezolanos que serían miembros del Tren de Aragua, lo que finalmente fue rechazado este martes por el Juzgado de Garantía de Arica, la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, llamó al Gobierno a solucionar dicho conflicto otorgándole suma urgencia al proyecto de ley que busca expulsar del país a todos los extranjeros que se encuentran condenados por robo, hurto y delitos de tráfico.
Al respecto, la parlamentaria recordó que durante la semana pasada decidió presentar dicha iniciativa, considerando que el Ministerio Público informó que los extranjeros formalizados en Chile habían aumentado un 355% durante los últimos cinco años, provocando no sólo un mayor nivel de hacinamiento al interior de los recintos penitenciarios, sino que también un gasto adicional al Estado, que desembolsa más de $800 mil pesos al mes por cada reo.
Por lo mismo, y luego que Gendarmería de Chile solicitara trasladar a los 17 venezolanos desde la Cárcel de Arica, la diputada Romero sostuvo que “más que preocuparse por andar repartiendo a los delincuentes extranjeros en los distintos penales de nuestro país, la obligación que tiene el Gobierno es expulsar a todas estas personas que han llegado sólo para delinquir y evitar que lo sigan haciendo desde el interior de las cárceles, que es la práctica habitual que mantienen”.
“Nosotros hemos dicho que le vamos a dar la bienvenida a todos los migrantes que vengan a aportar a Chile e ingresen de forma regular. Sin embargo, quienes vienen con el único objetivo de delinquir, como es el caso de los miembros de esta organización, deben ser expulsados inmediatamente, sobre todo si es que ya han sido condenados por la justicia chilena”, señaló la parlamentaria por O’Higgins, agregando que “el Gobierno no puede seguir mirando hacia el techo y permitiendo que, con los impuestos que pagan todos los chilenos, le estemos subsidiando la estadía a estos delincuentes”.
En esa línea, la representante del Distrito 16 explicó que, de aprobarse el proyecto de ley, el Ejecutivo tendrá la obligación de expulsar en un plazo máximo de 60 días a todos los extranjeros que se encuentren privados de libertad por los tres delitos mencionados anteriormente, lo que descongestionaría de manera muy importante las cárceles y le permitiría al Estado ahorrar una importante suma de recursos, los que podría destinar a atender otras urgencias en el país.
“En medio de una de las crisis económicas más graves que hemos vivido y con un alza en el costo de la vida que perjudica a las personas más vulnerables y a la clase media, no podemos permitir que el Estado siga derrochando tantos recursos en mantener a quienes han llegado sólo para delinquir. Esas personas merecen ser expulsadas, y si el Gobierno quiere evitar que todas las cárceles se llenen de miembros de esta organización criminal, tienen la obligación de avanzar con este proyecto de ley”, reiteró la diputada Romero.
