Hasta el sector de Chancón en la comuna de Rancagua, se trasladó la Seremi del Trabajo y Previsión Social Doris Rodríguez Zavalla, para acompañar a la Dirección del Trabajo de O’Higgins, en la inspección realizada a la planta chancadora de minerales, perteneciente a la empresa Sociedad Minera Los Robles.
La instancia tuvo por objetivo, el constatar en terreno las condiciones contractuales, de salud y de seguridad en las que más de una veintena de trabajadores y trabajadoras desempeñan sus funciones, velando por el cumplimiento y respeto de sus derechos. Es así como el equipo de fiscalizadores liderado por Alejandro Vergara, Coordinador Inspectivo de la DT, pudo detectar una serie de falencias en la seguridad e infraestructura de la instalación, entre las que destacan aspectos como pasamanos en mal estado, falta de pretil en botadero de descarga de camiones y falta de elementos de protección en el chancador, determinando por ello, la suspensión de su funcionamiento en la espera de la subsanación de cada una de las observaciones realizadas.
Al respecto la Seremi Doris Rodríguez Zavalla, señaló que “esta fiscalización responde al compromiso y al mandato de nuestro Presidente Gabriel Boric por un Trabajo Decente, donde se resguarden los derechos, la salud y la seguridad de todos los trabajadores de la región, en este caso de quienes se desempeñan en esta planta chancadora. Es por ello que junto a la Dirección del Trabajo continuaremos en terreno”, aseguró.
En tanto el propio Alejandro Vergara, al ser consultado por los alcances de esta fiscalización, aseguró que “su foco estuve puesto en las condiciones de salud y seguridad, tanto en la maquinaria como las herramientas de trabajo en la instalación. Así como también el cumplimiento de los protocolos para la erradicación de la silicosis, al tratarse de un distrito minero con altos índices de contaminación”.
Las multas posibles de aplicar, tanto por infracciones a normas laborales generales como a las específicas del trabajo minero fluctúan entre las 3 y las 60 UTM, dependiendo de si la empresa sancionada es micro, pequeña, mediana o grande según su número de trabajadores. Es decir, entre los $189.789 y los $3.795.780.
