La propuesta, además contempla que pueda sancionar las faltas graves a la probidad administrativa, acceder a las cuentas corrientes y sistemas informáticos de municipalidades, organismos y servicios sometidos a fiscalización.
Con el fin de mejorar los niveles de fiscalización y limitar las posibilidades de que no exista control en la contratación directa entre fundaciones privadas y organismos públicos, fue que el Senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, presentó un Proyecto de Reforma Constitucional que busca entregar mayores atribuciones a la Contraloría General de la República.
“A raíz de la debilidad del Estado en materia financiera para transferir recursos a los gobiernos regionales y que nos hemos reunido con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien admitió que no tiene poder de fiscalización para saber por qué se ejecutan determinados actos para ciertas fundaciones en cuanto a dineros, algunos que van privados y otros que van a acciones benéficas supuestamente, es que hemos resuelto presentar esta moción”, declaró Castro.
La iniciativa, que también cuenta con la firma de los senadores Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste, Alfonso de Urresti y Pedro Araya, busca entregar facultades que hoy día no tiene la Contraloría General de la República.
El proyecto de Reforma Constitucional permitirá que el órgano contralor fiscalice la legalidad, el mérito del ingreso y la inversión de los recursos fiscales, tanto de municipalidades como de los organismos y servicios que determina la ley. “Es el órgano auditor del Estado y hoy está carente de fuerza y poder porque no se lo da la Constitución. Ahora sí queremos que las tenga para que sea quien comande la investigación de todos los dineros y todos los umbrales de montos, para que así el país se limpie de aquellos que hoy se están usufructuando del dinero del Estado”, señaló el parlamentario.
La propuesta, contempla que la contraloría pueda fiscalizar y sancionar las faltas graves a la probidad administrativa, acceder a las cuentas corrientes y sistemas informáticos de municipalidades, organismos y servicios sometidos a fiscalización.
También, se autorizará a que Contraloría fiscalice los motivos y finalidades (mérito) de las transferencias de fondos públicos a cualquier persona o entidad privada, para el correcto uso de dichos recursos.
