El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó, con costas, a José Antonio Soto Iriarte a la pena de 6 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de drogas. Ilícito perpetrado en la comuna, en enero pasado.
En fallo unánime (causa rol 148-2025), el tribunal –integrado por los magistrados Raúl Castro Valderrama (presidente), Nicolás Flores Campos y María Angélica Mulatti Oyarzo (redactora)– aplicó, además, a Soto Iriarte las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa de 40 UTM.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 22:30 horas del 24 de enero de 2025, “(…) en calle Francisco Encina, en la plaza de juegos aledaña a un centro de salud de la comuna de Santa Cruz, el imputado José Antonio Soto Iriarte portaba una bolsa con droga en su interior, en el momento que es divisado por personal policial el imputado lanza la bolsa a un costado del lugar, en un área verde, y en razón de ello el personal policial procede a su fiscalización encontrando dentro de esta bolsa otra bolsa de color azul y en su interior una gran cantidad de envoltorios de papel cuadriculado (…) separados por bolsa de nylon transparente con distintos montos de envoltorios en su interior, con una sustancia color beige de similares características a pasta base de cocaína. Se procede a realizar una revisión superficial del imputado y se encuentra en la pretina de su pantalón un banano de color café que contaba con $12.000 de dinero en efectivo en su interior. Una vez que se procede a su detención es trasladado al recinto policial donde se hace una verificación del número de envoltorios que correspondían a 1.960 envoltorios, se hace la respectiva prueba de campo que arroja un pesaje de 532.9 gramos y positivo para cocaína base”.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se ordenó el comiso de la droga incautada.
