A la sesión asistieron los subsecretarios de Educación y Seguridad Pública. Además, la Defensoría de la Niñez, la Superintedencia de Educación, representantes de alumnos de liceos emblemáticos y del Colegio de Profesores.
Una serie de antecedentes sobre las medidas adoptadas en materia de convivencia y violencia escolar expuso el gobierno a la Comisión de Educación.
El tema preocupa a diputadas y diputados, especialmente, luego que reaparecieran hechos de violencia en torno a liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. De hecho, en los últimos días hubo acciones de encapuchados al exterior e interior del recinto que dejaron a tres profesoras golpeadas y rociadas con gasolina.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, explicó que desde esta cartera les corresponde adoptar medidas preventivas policiales y de persecución penal con la presentación de querellas.
Aseguró que “los hechos ocurridos en el último año son inaceptables y exceden cualquier tipo de conflicto estudiantil o convivencia escolar”. “Son delitos”, manifestó Collado, en alusión a acciones donde se oculta la identidad, la vestimenta, las zapatillas y el rostro. Subrayó, igualmente, que sobre los involucrados “no sabemos a ciencia cierta si son parte de la comunidad educativa. Y, no se puede asegurar que sean estudiantes”. Pero, confirmó que sí existen antecedentes sobre la participación de personas adultas y menores.
En tanto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, detalló el trabajo de la cartera en políticas, programas y dispositivos relacionados a la convivencia y violencia escolar (ver presentación).
Querellas por violencia escolar
El subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, también planteó que los hechos de violencia se arrastran por más de 10 años. En esa línea, destacó que existe un foco especial de investigación para estas causas a cargo del fiscal Xavier Armendáriz.
Sobre las querellas, Collado explicó que son por alteración del orden y la seguridad pública, ataques incendiarios, lanzamiento de bombas molotov, uso de explosivos y porte de combustibles. Añadió que, desde el 1° de abril, el Ministerio de Seguridad presentó seis querellas y qe ya van un total de 32 durante este gobierno.
También informó que en los llamados liceos emblemáticos hay servicios especiales desde 2022, lo cual implica un despliegue específico, que se busca mejorar la investigación y, así, colaborar con el Ministerio Público sobre la forma de ocurrencia de los hechos y los participantes en ellos. Para ahondar en las acciones realizadas, el subsecretario Collado entregó en sesión secreta mayores antecedentes a la instancia.
La Comisión acordó enviar una carta de molestia al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por su ausencia en la Comisión. Asimismo, a los ministros de Educación, Nicolás Cataldo y de Seguridad Publica, Luis Cordero, que tampoco concurrieron a la sesión.
Instituto Nacional
En la jornada, la comisión también escuchó al presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Matías Valdés. Este lamentó que, frente a esta situación, “todos los miembros de la comunidad educativa sean tratados como delincuentes”. Dijo que siente pena por lo ocurrido, mientras otros sienten rabia y desconfianza de las autoridades.
Al mismo tiempo, llamó a dejar de lado la “politización ideológica” del tema, ya que, cuando las autoridades se tensionan, también se tensiona la comunidad educativa que actualmente se encuentra fragmentada. Igualmente, pidió avanzar porque se sienten “solos, sin capacidad de diálogo”.
El dirigente estudiantil lamentó que no asistiera a la comisión el sostenedor del establecimiento, que es el alcalde de Santiago, y que tampoco delegara en otro funcionario participar en esta instancia.
En particular, afirmó que rechazan el anuncio realizado por televisión por el alcalde Desbordes de instalar cámaras de seguridad en el recinto escolar, sin hablar primero con estudiantes y la dirección. “Esto se ve como una imposición y un ataque” consideró.
A su vez, Katherine Rozas, presidenta regional metropolitana del Colegio de Profesores, expuso que los docentes han denunciado la violencia de grupos articulados delictuales que tienen respaldo externo, que han cooptado a estudiantes y donde participan adultos.
Sin embargo, criticó que en lugar de apoyo a los docentes se les somete a sumarios administrativos. Agregó que hay conjeturas e información antojadiza, sin presunción de inocencia. Eso genera más incertidumbre y sensación de abandono, recalcó.
Defensoría de la Niñez
Por su parte, Anuar Quesille, defensor de la Niñez, expuso las acciones desplegadas por el organismo y las recomendaciones respecto a la violencia escolar (ver presentación). Enfatizó que como Defensoría de la Niñez no avalan actos de violencia, pero tampoco desconocen las demandas de fondo que manifiestan los estudiantes.
“Creemos que los hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales junto con ser lamentables son incompatibles con el derecho a la educación. Desde la Defensoría siempre hemos sido promotores del ejercicio de los derechos, entre ellos, el de manifestación pacífica. Pero estos hechos de violencia no deben invisibilizar las legítimas demandas que tienen los estudiantes para ejercer su derecho a la educación”.
Finalmente, Quesille dijo que han intermediado con autoridades municipales, sostenedores, establecimientos y estudiantes para generar un acuerdo que permita avanzar en los desafíos que enfrenta el sistema educacional. Pero, además, generar un entorno pacífico donde estudiantes y profesores puedan estudiar y enseñar con seguridad, destacó.
