Desde un enfoque de derechos humanos, todas las personas, con independencia de su nacionalidad, origen, situación migratoria o cualquier otra condición, son titulares de derechos fundamentales, y Chile les reconoce el derecho a acceder a beneficios sociales en igualdad de condiciones y sin discriminación.
Como todos los años, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su Informe Anual 2025 Situación de los Derechos Humanos en Chile. El documento, compuesto por seis capítulos, dedica uno de ellos a abordar el fenómeno de la migración desde el punto de vista del acceso a derechos económicos y sociales de las personas migrantes.
En el mundo, más de 300 millones de personas viven en un país distinto del que nacieron. Es decir, alrededor del 3,75% de la población global es considerada migrante según la ONU. De acuerdo a cifras de 2018 del Ministerio del Exterior y el Instituto Nacional de Estadísticas, más de un millón 37 mil personas chilenas vive en el extranjero. En el caso de las personas migrantes que viven en el país, según el Censo de 2024, estas corresponden al 8,8% de la población (poco más de un millón seiscientas mil personas).
El Banco Mundial señaló en 2024 que las personas migrantes representan un aporte al crecimiento demográfico y económico. Esto último ya que aportan más en impuestos en comparación a los beneficios sociales que demandan. En esa línea, en 2025 un estudio realizado por la fundación PorCausa evidenció que las y los migrantes contribuyen con un 10,3% al PIB chileno, superior a su peso poblacional de 8,7%.
Pese a su aporte a la sociedad, el INDH ha constatado la persistencia de dificultades institucionales y de políticas públicas que obstaculizan el acceso efectivo de la población migrante a servicios y programas que contribuyen a garantizar derechos como la salud, la vivienda y la educación, afectando de manera particular a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, a partir de la evidencia disponible, el organismo advirtió que la población en situación migratoria irregular ha aumentado durante la última década, debido a diversos factores, entre estos, las dificultades para acceder a permisos de ingreso o permanencia en tiempo razonable o dada la restricción en el acceso a mecanismos de regularización.
Mientras entre 2018 y 2021 un total de 321.945 personas lograron regularizar su situación, entre 2022 y junio de 2025 esa cifra bajó a solo 5.062, lo que representa una disminución del 98,3%.
Esta reducción dificulta el ejercicio de derechos sociales, así como el acceso a un trabajo formal, profundizando las condiciones de vulnerabilidad de esta población y aumentando los riesgos de explotación.
Sin perjuicio de lo anterior, en el informe del INDH también se reconoce que muchas de las dificultades y vulnerabilidades presentes en la población migrante también son experimentadas por la población nacional, por lo tanto, el documento señala que la acción estatal debe considerar y responder a las necesidades de las distintas comunidades.
Falencia detectada por el INDH
Una barrera relevante para el acceso a prestaciones sociales es la exclusión del Registro Social de Hogares (RSH) de las personas extranjeras sin RUN, ya sea porque están en situación irregular o con su permiso de residencia en trámite.
Desde marzo de 2022 el Manual de Aplicación del Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares señala que las personas extranjeras que no dispongan de RUN chileno no pueden ser ingresadas al RSH, pero no entrega el fundamento legal de esta exclusión, lo que contraviene la obligación del Estado de garantizar prestaciones a niñas, niños y adolescentes que vivan en territorio nacional, tal como lo exige la Ley 21.325 y la Ley 21.430.
Actualmente, para garantizar educación y salud, servicios como Fonasa y la JUNJI han creado mecanismos de acceso alternativos para subsanar esta dificultad, que no se basan en la información del RSH.
Derechos laborales
Uno de los mayores obstáculos identificados transversalmente para acceder a un trabajo, es la condición migratoria irregular y el círculo de precariedad que genera. Esto incide en las posibilidades de desarrollar actividades remuneradas, la constitución formal de emprendimientos o trabajos por cuenta propia.
Además, la aplicación de la normativa vigente ha dificultado la obtención del permiso de residencia a quienes ya están asentados en el país y cuentan con una oferta laboral o están trabajando.
De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migraciones, desde la entrada en vigor de la nueva ley de migraciones hay una disminución en la proporción de visados asociados a actividades laborales (estos comprenden visados para actividades remuneradas lícitas, negocios, inversionistas y trabajo de temporada) respecto del total de permisos de residencia temporal.
Entre mayo de 2022 y diciembre de 2024 los permisos laborales representaron sólo 20,8% del total de permisos otorgados. Al contrario, entre 2018 y 2021, cuando estaba autorizada la solicitud de visado en territorio nacional, los permisos laborales superaban el 53% del total.
Acceso a la vivienda
El país atraviesa una crisis de acceso a la vivienda que se caracteriza por hogares con personas en condición de allegadas, hacinamiento, viviendo en tomas irregulares o pagando arriendos altos. Las personas migrantes también padecen estas situaciones, pues para acceder a un subsidio de compra de una vivienda, los programas habitacionales exigen un permiso de residencia definitiva y, en el caso del subsidio de arriendo, un permiso de residencia temporal.
El Ministerio de Vivienda reporta que de las personas beneficiarias entre 2020 y 2024, sólo un 6,7% eran extranjeras; en el caso del programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda, el porcentaje corresponde al 14% del total beneficiados en 2024.
Por otra parte, la Encuesta CASEN 2022 consigna que el 38,8% de los hogares de personas migrantes destina más del 30% de sus ingresos a vivienda, mientras que eso sólo ocurre en el 11,2% del resto de los hogares. Del mismo modo, el 18,5% de los hogares con personas migrantes presenta hacinamiento, en contraste con el 3,3% de los otros hogares.
El Informe Anual 2025 Situación de los Derechos Humanos en Chile, a lo largo de sus seis capítulos, presenta 54 recomendaciones a los tres poderes del Estado. En el capítulo que aborda migración, se concentran doce de estas, las que se pueden consultar al final del apartado.
