La política crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que entre otras cosas, garantiza el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.
En una ceremonia realizada este lunes en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, promulgó la Ley Chile Cuida, normativa que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y que marca un hito histórico al reconocer y garantizar el cuidado como un derecho social en el país.
La actividad reunió a representantes de organizaciones y agrupaciones de cuidados de diversas regiones del país, quienes participaron activamente en la tramitación legislativa de esta iniciativa, despachada a ley por el Congreso Nacional en enero de este año, tras un proceso caracterizado por acuerdos transversales y una amplia participación social.
La Ley Chile Cuida consagra por primera vez en Chile el derecho al cuidado como un derecho social, incorporándolo como el cuarto pilar de la protección social. La normativa reconoce el cuidado en su triple dimensión: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, estableciendo el deber del Estado de garantizar progresivamente una oferta suficiente de apoyos y cuidados a lo largo del ciclo de vida, especialmente para personas en situación de dependencia y para quienes realizan labores de cuidado, remuneradas o no.
El Presidente Gabriel Boric resaltó que “al promulgar la ley de Chile Cuida, quiero reconocer a todas las personas, principalmente mujeres, que cuida en el país, que están en todas partes, en todas partes, y muchas veces no se ven, pero ahí están y nos sostienen. A la madre que lleva a su hijo con una discapacidad a su terapia, muchas veces incluso viajando horas. A la mujer que está de punto fijo en su casa atendiendo a un familiar enfermo. A la abuela que cocina, que lava, que hace aseo, que cría a sus nietos para que las madres puedan salir a trabajar. Todavía hay muchos que no dimensionan cómo cuidar es trabajar y cómo ese trabajo sostiene también el trabajo del resto. Y cómo cuando por cualquier motivo falla la red de cuidados, se desmorona o tiembla todo el sistema de la vida social. Cuando tenemos un niño o una niña chica y no hay con quién dejarlo en febrero porque la sala cuna o el jardín cerró y tengo que ir a trabajar».
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, relevó que “estamos celebrando un triunfo y un acto de justicia para las personas cuidadoras, que hacen un trabajo que sostiene a nuestro país y nuestra sociedad. Esta ley reconoce el derecho al cuidado en su triple dimensión: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Su implementación debe comenzar este mismo año y confiamos en que quienes asuman la próxima administración darán continuidad y proyección a este sistema, entendiendo que las necesidades de las familias cuidadoras son permanentes y requieren respuestas sostenidas en el tiempo».
Para la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana en tanto, «el cuidado no es solo un asunto de mujeres: esta ley consagra la corresponsabilidad como política pública, con los mismos derechos para padres y madres, tal como ya lo hicimos con la conciliación y las 40 horas”.
La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, destacó que “nuestro objetivo principal ha sido implementar un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que logre mejorar las condiciones de vida de las personas cuidadoras y de quienes presentan algún grado de dependencia. Actualmente, ya hemos identificado a casi 250 mil personas cuidadoras que ya cuentan con su credencial y esta ley viene a garantizar su derecho a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado, pero también permitirá que los avances que hemos tenido en materia de programas sociales para ellas no retrocedan y se fortalezcan en el futuro”.
El subsecretario (s) de Evaluación Social, Rodrigo Henríquez, señaló que “con la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, damos un paso importante para reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad social compartida. Esta ley transforma una realidad históricamente invisibilizada en una política de Estado, fortaleciendo herramientas clave como el Registro Nacional de Personas Cuidadoras, que permite reconocer a quienes cuidan. Además, impulsa la cooperación público-privada, reconociendo el rol de iniciativas como la Red de Empresas Chile Cuida para avanzar en corresponsabilidad social y de género. Así, Chile progresa hacia un país que cuida y articula esfuerzos entre Estado, comunidades y sector privado”.
En tanto, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, afirmó que “por mucho tiempo el cuidado se vivió en silencio y con muy poco apoyo. Con la Ley Chile Cuida, el Estado asume un rol activo para acompañar a las familias, reconocer a quienes cuidan y entregar apoyos reales que mejoran su calidad de vida y la de quienes requieren cuidados”.
La Seremi de Desarrollo Social y Familia de O’Higgins, Nayadeth Ahumada expresó que “hoy es un día histórico para las personas cuidadoras del país y nuestra región, al dar un paso significativo en reconocer a los cuidados como un derecho prioritario. Con Chile Cuida hemos podido identificar a más de 15 mil personas en la región que realizan labores de cuidados y sus necesidades, gracias a la Credencial de Persona Cuidadora, que no sólo visibiliza esta importante labor, sino que también permite acceder a la oferta completa: apoyos, atención preferente y descuentos de la Red de Empresas Chile Cuida”.
Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados
La Ley Chile Cuida crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, cuyo objetivo es articular, coordinar y fortalecer las políticas, programas y servicios existentes, avanzando hacia una oferta integrada, con cobertura nacional y universalidad progresiva. El sistema pone énfasis en el enfoque territorial, definiendo a los municipios como puerta de entrada, dada su cercanía con las necesidades de cuidado en cada comuna.
La coordinación del sistema estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretaría de Apoyos y Cuidados, y contará con una institucionalidad intersectorial que involucra a distintos ministerios, gobiernos regionales y espacios de participación de la sociedad civil, con el objetivo de asegurar coherencia, continuidad y sostenibilidad en el tiempo.
La normativa reconoce como titulares del sistema a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; personas con discapacidad; personas con dependencia funcional; y personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, avanzando hacia un enfoque que prioriza la necesidad de cuidado por sobre la situación socioeconómica.
